Si nos cargamos el Estado de Derecho, ¿qué nos queda?

   El artículo 1 de la vigente Constitución española de 1978 establece que " España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho ...".

   Si hay algo que caracteriza o debe caracterizar a un Estado democrático de Derecho es lo que se conoce, desde tiempos de Montesquieu, como división de poderes, es decir, que todo Estado que se precie de democrático de Derecho debe contar un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, autónomos e independientes, a fin de poder cumplir correctamente las funciones que les encomienda el ordenamiento jurídico, en nuestro caso la Constitución de 1978.

   Así, en España, dicho de una forma muy elemental y básica, al poder legislativo, que reside en el Congreso de los Diputados y el Senado, como representantes democráticos del pueblo español, le corresponde ejercer la potestad legislativa, la potestad de elaborar y aprobar  las leyes.

   Al poder ejecutivo, formado por el Gobierno, le corresponde, entre otras cosas, la función ejecutiva, es decir, la aplicación y desarrollo de las leyes aprobadas por el poder legislativo.

   Por último, en este esquema de la división de poderes en un Estado democrático de Derecho, al poder judicial, integrado por los Jueces y Magistrados, apreciando el grado de cumplimiento de las leyes, le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

   Para que los tres poderes citados cumplan de una forma objetiva y eficaz las funciones que les encomienda la Constitución, es obvio que los integrantes de los mismos han de poder ejercer tales funciones con la mayor libertad, eficacia e independencia,  gozando para ello de protección en el ordenamiento jurídico, incluso en las normas punitivas como el Código Penal.

   España, tras la dictadura del general Franco, se ha dotado, como estamos viendo, de una Constitución, aprobada mayoritariamente por el pueblo, que reconoce, como también hemos visto, que somos un Estado democrático de Derecho. Se podrán poner todas las objeciones que queramos, quizá no estemos de acuerdo en como se hicieron algunas cosas al inicio de la transición y durante la misma, etc., pero la realidad es la que es y no podemos negar que nuestro país, con los matices que se quiera, es un Estado de Derecho similar a cualquier país europeo.

   Por ello, desde nuestro punto de vista, no resultan admisibles algunos hechos que recientemente han tenido lugar en España y que, de alguna manera, han atentado o pretendían atentar sobre la autonomía e independencia de que deben gozar  las instituciones del Estado, tales como el poder judicial y el poder legislativo.

   En primer lugar, nos tenemos que referir a la juez Mercesde Alaya. Es inadmisible que un grupo de sindicalistas, en las puertas de su Juzgado la increparan e insultaran, como forma de apoyar a los dirigentes de UGT y de CC.OO que estaban declarando.

   Podremos estar de acuerdo o no con las actuaciones de la juez Mercedes Alaya, pudiendo ejercer la disconformidad con la misma haciendo uso de la libertad de  expresión o utilizando los recursos pertinentes, pero es absolutamente rechazable el comportamiento descrito de este grupo de sindicalistas. Hemos defendido en muchas ocasiones a los Sindicatos de trabajadores y a sus dirigentes frente a los múltiples ataques de que en los últimos años vienen siendo objeto. Hemos reconocido y reconocemos su lucha permanente desde hace casi doscientos años en defensa de los derechos de los trabajadores, pero hechos como los citados no los podemos admitir.

   Los hechos mencionados han sido reprobados y condenados desde diversas instancias, sobre todo judiciales.

   El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través de su Sala de Gobierno, ha dicho que tales hechos " revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un estado de derecho, entre las que se encuentra la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones".

   El portavoz de la asociación de magistrados Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que " es inadmisible que se efectúen descalificaciones, insultos o presiones contra un miembro del Poder Judicial, que está actuando de forma independiente para aclarar una serie de hechos que, indudablemente, revisten una enorme gravedad".

   José Luis González, portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, ha tachado de "inadmisibles" los actos de presión o de disconformidad que se evidencien "públicamente", así como aquellos en los que no se mantienen "las formas".

   Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reprochado esos insultos de parte de los sindicalistas a las puertas del Juzgado, diciendo que "nunca compartiré que los trabajadores jaleen  a un juez ni tampoco que le hagan un escrache".

   Otros hechos que se han dado no hace tanto tiempo han tenido relación con el poder legislativo, bien de alguna Comunidad autónoma, bien del Estado.

   En junio de 2011, según nos cuenta La Vanguardia, algunos diputados del Parlament de Catalunya fueron víctimas del acoso de los cerca de 2.000 "indignados", que permanecían a las puertas de la cámara catalana. El exconseller Ernest Maragall recibió algunos empujones, el ex número dos de Interior, Joan Boada, vio como le pintaban la cabeza con un spray, al secretario general de ICV, Joan Herrera, le tiraron una piel de plátano, a la exconsellera socialista Montserrat Tura le pintaron una cruz negra sobre la esplada de su gabardina blanca, etc.

   En Madrid, no son tan lejanas las reiteradas manifestaciones en las "proximidades" del Congreso de los Diputados, estando reunidos nuestros representantes políticos, no sabemos si con la intención o no de penetrar en el interior de la propia càmara legislativa. pero sí con el ánimo de "presionar" a los diputados y diputadas. No queremos juzgar aquí si el comportamiento de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid fue o no correcto en la represión de tales actos. Como tampoco los sobrados motivos que los ciudadanos tienen para manifestar su desencanto y sus protestas contra la política del gobierno actual de España, con sus recortes y con sus mentiras( las últimas rayan ya en el escándalo, tales como la del ministro Montoro diciendo que los salarios en España no han bajado sino que suben moderadamente, o las de la propia vicepresidenta, quizá considerada hasta ahora como una de las personas más sensatas del gobierno, al referirse al fraude de los desempleados, confundiendo, no sabemos si intencionadamnete, los errores administrativos con conductas fraudulentas de los perceptores de prestaciones). Pero, pese a ello, y tal como hemos dicho en lo referente a la juez Mercedes Alaya, no podemos tampoco admitir los acosos y presiones de ningún tipo, similares a las referidas, que perturben la función encomendada a nuestros representantes políticos. Son otros los medios que podemos utilizar los ciudadanos, y uno de ellos muy importante, las urnas, quitando nuestro voto a quienes nos han defraudado o engañado y dándolo a los políticos que consideremos que realmente nos puedan representar mejor.

   Téngase en cuenta además que actos como los comentados son constitutivos de delito según nuestro ordenamiento jurídico penal.

   Así, según el artículo 492 del Código Penal, constituye delito " invadir, sin que haya alzamiento público, con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de Comunidad Autónoma, si estuvieran reunidas". La pena es de 3 a 5 años de prisión.

   Por otro lado, el artículo 494 del Código Penal tipifica también como delito contra las Instituciones del Estado, promover, dirigir o presidir manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidas". La pena es de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.

   Quisiéramos que se valorará lo dicho hasta aquí en sus justos términos. Ni nos gusta como funciona la justicia en España (por si fuera poco, ahora nos faltaba el nuevo sistema de tasas judiciales del ministro Gallardón), haciéndonos pensar que, entre otras cosas, en este campo, no se cumple el artículo 14 de nuestra Constitución que dice que " los españoles son iguales ante la ley", ni estamos de acuerdo con la politica del gobierno de España ni de nuestra Comunidad autónoma valenciana, con sus reiterados recortes en todos los ámbitos, destruyendo cada día la "sociedad de bienestar" que tanto esfuerzo  de generaciones y generaciones costó conseguir, pero para luchar contra este estado de cosas tenemos y debemos utilizar los medios que el Estado de Derecho que tenemos nos pone en nuestras manos, entre ellos el derecho a elegir a nuestros representantes políticos.

   De lo contrario, nos podemos "cargar", sin darnos cuenta el Estado de Derecho. Y entonces, ¿qué nos quedarà?. Se atisba que ciertos "fantasmas" empiezan, aunque sea de forma incipiente, a recorrer Europa. Y nos aterroriza solo pensar en ello. Repasemos la historia.