La responabilidad del Rey

   Como todo el mundo conoce, de un tiempo a esta parte, se están produciendo en nuestro país una serie de hechos de notoria relevancia que afectan o pueden afectar, directa o indirectamente, a la Casa Real española y, concretamente, a la figura del propio Rey. Recordemos sucintamente algunos de estos hechos, extraídos de los medios de comunicación.

   La cacería del Rey en Botswana.- En medio de la grave crisis económica que afectas a tantas y tantas familias españolas, el Rey participó en una cacería en Botswana, invitado, según se dice, por el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali, el día 11 de abril de 2012. Juan Carlos abatió un elefante de 50 años de edad que pesaba cinco toneladas, necesitando siete disparos para acabar con el paquidermo, cuando un cazador profesional suele hacerlo de un solo tiro. Dos días después, el monarca sufrió un accidente de cadera que motivó una intervención quirúrgica.

   En este punto hay opiniones para todos los gustos. Aunque muchos ciudadanos critican y no ven con buenos ojos estas actividades regias, hay algunos que, por el contrario, defienden las mismas por entender que el Jefe del Estado las aprovecha para realizar gestiones en pro de los intereses de España.

   Las relaciones del Rey con la princesa alemana Corinna zu Sayu-Wittgenstein.- Como consecuencia del conocimiento público de la cacería de Botswana, salen a la luz las relaciones íntimas del Rey con esta princesa, relaciones que, según la prensa, existen desde el año 2006. Se ha podido constatar que Corinna goza de la confianza de Juan Carlos al que ha acompañado en diversos actos institucionales, ocupando un lugar preferente. Todo ello, para muchos ciudadanos, no ofrece una buena imagen de la familia real.

   El caso Urdangarín.-  En relación con el yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina, ha estallado un auténtico escándalo, por haber sido imputado Ignacio Urdangarín en varios delitos, entre otros el del desvío de fondos públicos en su provecho. Cada día, algún medio de comunicación nos sorprende con alguna noticia que salpica o pretende salpicar a la propia Corona. Por si no era poco, últimamente aparece citada también en este asunto la princesa Corinna.

   Este asunto es, de sobra, el que más gravemente, aunque sea solo indirectamente, está afectando a la Casa Real.


   Todos estos hechos, unido a la crisis que, como se ha dicho, afecta a los ciudadanos españoles, han traído también como consecuencia cierta desafección  y una disminución sensible del valor que los mismos daban a la monarquía, valor que, en una calificación sobre 10, ha pasado de un notable alto (7.8) a apenas rozar el aprobado (4.78), o más bien, a un suspenso.

   Los españoles al aprobar mayoritariamente mediante referéndum la Constitución española de 1978, aceptamos la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Así reza el artículo 1.3 de nuestra Carta Magna.

    Pero lo que tal vez muchos españoles ignoran o desconocen es el grado de responsabilidad que tiene el Rey en el marco de esta forma política de Estado que nos hemos dado. Por ello, creemos oportuno, en estos momentos, referirnos a cuál es esa responsabilidad del Rey (o, mejor dicho, "irresponsabilidad", tal como ocurre realmente), a la luz del propio texto constitucional y de las opiniones de expertos en la materia.

   El artículo 56.3 de la Constitución establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

   Según JORGE DE ESTEBAN y LUIS LÓPEZ GUERRA, usualmente se entiende que la irresponsabilidad del Rey se refiere a las funciones ejercidas en el desempeño de su cargo mientras que la inviolabilidad sería un status personal frente a las leyes penales.

   En cuanto a la responsabilidad por los actos del Rey en el desempeño de su cargo, ésta corresponde a los sujetos que refrenden dichos actos que, según el artículo 64 de la Constitución serán, en su caso, el Presidente del Gobierno, los Ministros o el Presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, que si, por ejemplo, se trata de una ley aprobada por las Cortes españolas, al Rey corresponde sancionarla (firmarla) y promulgarla (artº. 62 de la Constitución) pero carece de validez sin el refrendo (firma) del Presidente del Gobierno, el cual incurriría en responsabilidad, desde luego política, si no lo hiciera.

   Hay, no obstante, algunos actos del Rey exentos de la necesidad del refrendo. Así ocurre con el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real, que es un acto de total y libre disposición del Rey, y con la distribución del presupuesto que el monarca recibe para el sostenimiento de su Casa y su familia.

   Llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es la de qué ocurre si el Rey se niega a sancionar una ley ya aprobada por las Cortes. En opinión de LUIS ANTEQUERA, el Rey viene obligado a sancionar y a promulgar las leyes, es decir, no se trata de algo facultativo o potestativo del monarca sino que se trata de una obligación que le impone la Constitución. En España ni está previsto este caso ni nunca se ha dado con el Rey Juan Carlos I, ni siquiera a pesar de ciertas "presiones" por parte de la jerarquía católica cuando se aprobó la ley del aborto. Por ello, es aventurado opinar sobre cuál sería la medida a tomar ante la situación de la negativa del Rey a sancionar una ley. Es opinable que se pudiera proceder a la inhabilitación del monarca de acuerdo con el artículo 59.2 de la Constitución, pero parece que tal precepto no se refiere a este supuesto.

   Quizá resulte interesante recordar lo ocurrido en Bélgica en 1990:

   El Rey Balduino, ferviente católico, manifestó su severa objeción de conciencia a sancionar la Ley de aborto que se le presentaba a la firma. En aplicación del artículo 93 de la Constitución belga, se dictaminó por el Gobierno la imposibilidad reinar por parte del Rey, actuándose como si éste hubiera muerto. Se nombró un regente que sancionó la Ley de aborto la cual  pudo entrar en vigor. Posteriormente, las Cámaras legislativas, constatando que había desaparecido la causa que imposibilitó reinar al Rey restablecieron a Balduino en el trono. Esto que para algunos fue un auténtico cambalache de dudosa constitucionalidad  alivió la conciencia del Rey de los belgas.

    Lo ocurrido en Bélgica sería, de acuerdo con nuestra Constitución, de dudosísima aplicación en España.

   En lo referente a la inviolabilidad del Rey, se trata, como se ha dicho, de que el monarca carece de responsabilidad penal. De ahí que el Rey, aunque cueste admitirlo, si asesinara, por ejemplo, a una persona, precisamente sobre la base de esta inviolabilidad, estaría exento de pena, tal como reconoce el Catedrático de Derecho Penal, ENRIQUE GIMBERNAT. Ello no significa que desaparezca el delito, pudiendo responder del mismo cualquiera otra persona que hubiera participado en su comisión.

   GIMBERNAT considera que el concepto de inviolabilidad no debiera eximir al Rey de responsabilidad civil. Sin embargo, esta postura choca con algunos procedimientos civiles, tal como ha ocurrido en dos Juzgados madrileños que no han admitido a trámite las demandas formuladas por dos personas que solicitaban que se declarase que eran hijos del Rey, lo cual adolece de inconstitucionalidad a juicio del citado autor, ya que el propio Tribunal Constitucional, en algunas sentencias, ha sostenido que la inviolabilidad del Rey se ha de interpretar en sentido estricto. Pero la realidad es la que es, es decir, que se extiende la inviolabilidad a la falta de responsabilidad civil del monarca no pudiéndose admitir, como ocurre en el caso citado, una acción de reclamación de filiación paterna contra el mismo. O sea, que, en virtud de esa especie de "sacralización" de la que goza el Rey, ni el artículo 14 de la Constitución,  que declara que todos los españoles son iguales ante la ley, ni el artículo 24.1 de la misma, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, son de aplicación en todos los casos.

   De generalizarse la posición de los dos Juzgados de Madrid a que se ha hecho referencia, y para que todos lo entiendan mejor si cabe, si el Rey compra un yate y no lo paga o va al dentista y no abona sus honorarios, no puede ser llevado a los Tribunales como cualquier ciudadano.

   Y todo lo que se está exponiendo respecto a la situación del Rey en cuanto a la responsabilidad por sus actos  obedece, tal como nos dice CARMEN FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR a esa sacralización de su figura que se recoge, en el marco de la historia constitucional española, en las Constituciones de 1812, 1837, 1869, 1876 y 1978, bajo una u otra denominación.

   Ante todo ello y ante la situación por la que atraviesa la monarquía en España, es lógico que los ciudadanos posiblemente se sorprendan ante esta falta de responsabilidad del Rey en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Solamente podría ser juzgado el Rey por el Tribunal Penal Internacional, dado que España ha ratificado el Estatuto Penal Internacional, por la comisión de un delito de genocidio o crimen contra la humanidad. Las posibilidades de la abdicación o la renuncia del Rey así como su inhabilitación, contempladas en los artículos 57 y 59 de la Constitución como hipotética penalización de la conducta irresponsable (política, penal o civil) de aquél están faltas de su desarrollo a través de una ley orgánica y serían, al menos, de dudosa aplicación para "sancionar" dicha falta  falta de responsabilidad.

   Otra cosa sería, y con ello concluimos, que el Rey se viera sometido a una "presión" popular y que su "descrédito" fuera muy notable  o que se diera el supuesto, por ejemplo, de que en unas elecciones resultara ganadora una opción netamente republicana, debido ello precisamente a la conducta observada por el Rey, para que el mismo renunciase al trono. Basta recordar aquí lo ocurrido con Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, que renunció a la Corona de España tras el triunfo en las grandes ciudades de las candidaturas republicanas en unas elecciones municipales en 1931, posiblemente como penalización al comportamiento regio en asuntos de tanta importancia como la guerra en Marruecos y a su apoyo, más o menos explícito, a la dictadura del General Primo de Rivera.

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La responsabilidad política, raro fenómeno que no se ve todos los días

   Ante los innumerables casos de corrupción que se han dado y que se están dando en España y que afectan directa o indirectamente a los partidos políticos y a sus responsables, incluidos los gobernantes, cuestión a la que nos hemos referido en alguna otra y reciente ocasión, si hay una cosa que llama poderosamente la atención es que ninguno de tales responsables políticos tome ninguna decisión personal acorde con la responsabilidad política que ostentan.

   Tal vez interesa saber, en primer lugar, qué se entiende por responsabilidad política.

   JOSÉ L. GARCÍA RUIZ, en el Diario de Sevilla, de 17 de abril de 2011, en un artículo titulado "Responsabilidad política y responsabilidad penal", define muy bien que es aquello que debemos entender como responsabilidad política.

   GARCÍA RUIZ, al aludir al cúmulo de escándalos e irregularidades que venían salpicando la vida política andaluza, decía que "se pone de manifiesto una gran confusión entre lo que se la responsabilidad penal y la responsabilidad política" y que muchos políticos sostienen que "mientras no se produzca una resolución judicial condenatoria no hay ningún tipo de responsabilidad, lo que equivale a decir que no ha responsabilidad política sin responsabilidad penal”.

   Y continúa diciendo el citado autor que “el objeto de la responsabilidad política son los errores en la gestión, tanto los propios como los de los subordinados, se conozcan o no, ya que si el desconocimiento bastara para anular la responsabilidad política, el cargo inepto que nunca se enterase de nada nunca sería responsable”. “El efecto último de la responsabilidad política es, bien el cese impuesto desde instancias superiores, bien la dimisión”. “Se trata de un efecto cuya entidad es relativamente pequeña frente a lo que supone una sanción de tipo penal”.

Y concluye GARCÍA RUIZ con dos afirmaciones:

 "Sin embargo, en nuestra vida política, la cultura de la responsabilidad política (lo que algunos llaman la cultura de la dimisión) brilla por su ausencia...”. "... el político que se ve inmerso en un asunto que conlleva una clara e innegable responsabilidad política se resiste como gato panza arriba a asumirla y se refugia... en que se le pruebe o no una responsabilidad penal".

 "La consecuencia de este hecho es doble: de un lado, el efecto perverso de que la vida política acaba inevitablemente judicializándose. De otro, y ello es peor con mucha diferencia, la democracias acaba siendo una democracia de muy baja intensidad pues desaparecen los elementos claves para su funcionamiento, ya que la transparencia y el control subsiguiente tienden a desaparecer para ser sustituidos por el descaro y el cinismo políticos".

 Ante esta magnífica descripción de lo que debe entenderse por responsabilidad política, necesariamente es lógico que nos preguntemos cuántos de nuestros políticos o gobernantes han asumido su responsabilidad política en nuestro país. Salvo los pocos casos en que se ha cesado por decisión superior o bajo presión a algunos políticos, es difícil encontrar en España algunos de ellos que hayan asumido libremente su responsabilidad política y hayan dimitido voluntariamente por ello.

 A quienes somos meros aprendices de nuestra historia, nos vienen excepcionalmente a la memoria tres personajes históricos que, en su día, a juicio de muchos, sí que asumieron voluntariamente su responsabilidad política. Nos referimos concretamente a FRANCISCO PI I MARGALL, a WILLY BRANDT y a JOSEP BORRELL FONTELLES. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos.

  FRANCISCO PI  I  MARGALL.-  Como sabemos, las Cortes españolas proclamaron la Primera República el 11 de febrero de 1873, la cual apenas duró once meses. Uno de sus presidentes, junto a ESTANISLAO FIGUERAS, NICOLÁS SALMERÓN y EMILIO CASTELAR, fue FRANCISCO PI I MARGALL.

 PI  I  MARGALL nació en Barcelona en el seno de una modesta familia el 29 de abril de 1824 y fue el segundo presidente de la Primera República española, desde el 11 de junio al 18 de julio de 1873.

 En su calidad de presidente de la República se propuso llevar a cabo un ambicioso programa que, según nos dicen GONZALO DÍAZ y MARÍA DOLORES ABAD, incluía la reestructuración del ejército, la separación de la Iglesia y del Estado, la enseñanza obligatoria y gratuita, la abolición de la esclavitud en Cuba, etc. Sin embargo, los sucesivos intentos de cantonalismo en Sevilla, en Málaga y en Alcoy y, sobre todo, el de Cartagena, ante cuya virulencia se sintió impotente, y que le mostraron el fracaso de sus ideas federalistas, presentó, en un gesto de honestidad y responsabilidad política, la dimisión apenas cinco semanas después de haber asumido la presidencia de la República.

 El escritor y literato AZORÍN retrata muy bien la figura de PI  I  MARGALL cuando refiriéndose al mismo dice, entre otras cosas, que "En el tremendo desconcierto de la última década del siglo XIX, solo este español se yergue puro entre la turba de negociantes, discurseadores y cínicos".

  Como también nos dicen GONZALO DÍAZ y MARÍA DOLORES ABAD, la honestidad y coherencia que corre a lo largo de la vida de este hombre singular se refleja en la profundidad de su pensamiento. Y concluyen citando una de sus frases: "Sostengo que la revolución aún hoy es la paz".

 WILLY BRANDT.-  Muy brevemente nos referimos a este alemán nacido en 1913 y fallecido en 1992. Herbert Karl Frahm fue un socialdemócrata que se refugió en Noruega tras la llegada de Hitler al poder en Alemania. Finalizada la segunda guerra mundial, y tras la derrota del nazismo, se estableció en Berlín, ciudad de la que fue alcalde electo en 1957. A partir de 1964 fue presidente del Partido Socialdemócrata y en 1969 canciller de la República Federal Alemana. Es conocido con el nombre de WILLY BRANDT, nombre de guerra que adoptó durante la persecución nazi.

 Uno de sus colaboradores y secretario político, GÜNTER GUILLAUME, fue detenido por la policía bajo la acusación de espionaje al servicio de Alemania Oriental. WILLY BRANDT asumió su responsabilidad política por el delito de su subordinado y colaborador y dimitió como canciller de la República Federal Alemana el día 7 de mayo de 1974.

 JOSEP BORRELL FONTELLES.- También de forma concisa nos vamos a referir a este político español.

 Según nos informa ROBERTO ORTIZ DE ZÁRATE, JOSEP BORRELL es nieto de un emigrado a Argentina e hijo de un panadero de humilde condición. Nació y se crió en La Pobla de Segur, de la comarca de Pallarse Jussà, en el prepirineo leridano.

 En 1975 se afilió al Partido Socialista Obrero Español y fue Ministro de Obras Públicas y Transportes en 1991, en el gobierno de FELIPE GONZÁLEZ. El 24 de abril de 1998 fue elegido  para encabezar la lista como candidato a la presidencia del gobierno de España.

 BORRELL hubiera disputado las elecciones con el candidato del Partido Popular JOSÉ MARÍA AZNAR de no haber sido por la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional a dos antiguos colaboradores suyos en su etapa de secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Aguiar y José María Huguet, en torno a su participación en el montaje de una red de influencias para conseguir tratamientos fiscales fraudulentos a empresas de Barcelona. Tal como nos dice ROBERT ORTIZ DE ZÁRATE, aunque BORRELL no tenía nada que ver con esta presunta trama delictiva, ello le supuso tal quebranto personal que decidió dimitir manifestando que lo hacía para evitar las "dudas sobre mi comportamiento ético o moral".


 Al referirnos a los tres políticos citados no pretendemos decir que fueran unos "benditos", carentes de todo defecto, pero si queremos destacar la honestidad que tuvieron  al asumir su responsabilidad política por hechos que ellos no habían cometido pero que, de alguna forma, les "salpicaban", valga la expresión, como responsables políticos.

 Muchos políticos y gobernantes actuales debieran tomar ejemplo de los tres citados en lugar de resistirse como "gatos panza arriba", como se ha dicho, a asumir su responsabilidad política. De lo contrario nos veremos obligados a decir que, efectivamente, en España, la responsabilidad política es un raro fenómeno que no se ve todos los días.

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¿A dónde iremos a parar?

   Están resultando muy escandalosos los numerosos casos de corrupción que tienen lugar en nuestro país y que afectan, desde hace varios años, de una forma muy especial, a muchos políticos de distinto signo político. Se dice que actualmente hay en España alrededor de doscientos políticos imputados por casos de corrupción, algo puede llegar a ser insoportable para una democracia.

   Si repasamos las "hemerotecas", nos resulta enormemente fácil hacer un cuadro expositivo de los tantos  y tantos casos de corrupción habidos en España en los últimos años, en los que están involucrados nuestros políticos y personas relacionados con los mismos. Podemos citar algunos de los casos más importantes y que nos ofrece el diario ABC, en su edición del 21 de enero de 2013:

   El expolio del Palau de la Música de Barcelona a cargo de Félix Millet y Jordi Montull, que ha degenerado en un caso de corrupción y de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.

   Francisco Correa, cerebro de la red Gürtel, caso en el que están imputadas más de sesenta personas y que ha salpicado al Partido Popular en tres comunidades autónomas: Madrid, Valencia y Castilla y León, y que se ha llevado por delante al juez que lo destapó, Baltasar Garzón.

   Caso Pokémon, en el que figuran imputados cuatro alcaldes: el alcalde de Santiago, Ángel Currás, del Partido Popular, el exregidor de Orense, Francisco Rodríguez, del Partido Socialista, el exalcalde de BNoqueixón, Adolfo Gacio, del Partido Popular, y José López Orozco, alcalde de Lugo, del Partido Socialista.

   Iñaki Urdangarín, caso Nóos, caso que lleva el juez José Castro, en Palma de Mallorca, y en el que aparecen imputados tanto el Duque de Palma como su exsocio Diego Torres, a quienes se imputan delito fiscal, fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y que está salpicando tanto a políticos de Baleares como de la Comunidad Valenciana, todos ellos del Partido Popular.

   Caso Palma Arena, en el que está imputado Jaume Matas, expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, del Partido Popular, a quien se le atribuyen los delitos de falsedad documental, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida, delito fiscal y delito electoral.

   Caso de los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción andaluz, con más de sesenta imputados, entre ellos siete ex altos cargo de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, así como varios abogados, empresarios y testaferros.

   Caso Campeón, caso en el que se ciñe la sospecha de que José Blanco, exministro socialista de Fomento, y José López Orozco, alcalde de Lugo, han dispensado un trato de favor a empresarios a cambio de dinero.

   Caso Pallerols, referido al desvío de subvenciones para cursos de formación para la financiación irregular de Unió Democrática de Catalunya, que preside Josep Duran i Lleida.

   Caso Malaya, que se refiere a la trama corrupta creada en el Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años de gobierno de Gil, asunto manejado por Juan Antonio Roca, hombre de confianza del mismo, y por el que han sido juzgados unos veinte concejales y los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

   Caso Mercurio, caso en el que el mayor implicado es el alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, junto a varios empresarios de la comarca, por tráfico de influencias.

   Caso ITV,  supuesta trama compuesta por empresarios y cargos de la Generalitat catalana para modificar los pliegos de los concursos, siendo el principal implicado Oriol Pujol, Secretario General de Convergència Democràtica de Catalunya.

   Caso Bankia, en el que han sido citados a declarar ante la Audiencia Nacional Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno de Aznar y expresidente de Bankia, junto a otros treinta y dos imputados, entre los que figuran el exministro Ángel Acebes y el exprediente de la Comunidad Valenciana, José Olivas, a todos los cuales se les imputan, de forma indiciaria y genérica, los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

   Mención especial por su rabiosa actualidad es el Caso Bárcenas. Según el diario digital nuevatribuna.es, "este fin de semana de san Antón han salido a la luz publicaciones que ponen al partido de Rajoy contra las cuerdas. La reapertura por la Audiencia Nacional de las posibles vinculaciones con la trama Gürtel de Luis Bárcenas, administrador y ex tesorero del PP, y ligado a este partido por más de 28 años, han traído consigo la noticia de cuentas de este señor en Suiza por, al menos, 22 millones de euros, así como otros negocios en Argentina y compartidos con el también ex tesorero del PP, Ángel Sanchis, que tuvo que dimitir de su cargo en 1998 por el escándalo del caso Naseiro. El Mundo ha dado cumplida información al respecto". Y continúa diciendo el citado periódico digital que "igualmente se ha hecho público por El País los sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales de dinero negro a distintos cargos del PP, práctica quizá alentada por el mismo Aznar. La situación de indignación general, incluso entre la gente que movida por el miedo no se había atrevido a manifestarse, es ya imparable".

   María Dolores Amorós, en relación con el caso Bárcenas ha dicho que "Mariano Rajoy se ha manifestado fehacientemente como un profesional de la mentira. Cualquier cosa que pueda aseverar o prometer no tiene ninguna credibilidad, todo lo contrario. ¿Por qué no recuerda el apoyo incondicional a Bárcenas cuando el inicio de investigación de la Gürtel? ¿Acaso ha olvidado también el pago de 350 euros diarios al gabinete del entonces tesorero, su coche oficial, secretaria y despacho en Génova, 13? ¿Es que desconoce que hasta el mismo miércoles, 17, Bárcenas seguía yendo a la sede del PP, a su sala que contenía "cosas", contaba con secretaria particular y coche oficial pagados por el PP? ¿O más bien, en ese su desprecio a la ciudadanía española, pretende seguir tratándonos como imbéciles?

   Como vemos, pues, son innumerables los casos de corrupción en los que aparecen implicados políticos españoles de todos los colores políticos (si nos hemos detenido un poco más en el caso Bárcenas es debido, repetimos, a su rabiosa actualidad).

   Todo ello, como es obvio y también hemos dicho en algún otro comentario, contribuye todavía más a aumentar la desafección de los ciudadanos hacia los políticos, unido además a la difícil situación económica que atravesamos y que, como es de sobra conocido y que también está ocasionando cada día protestas y movilizaciones de los distintos sectores de la ciudadanía, con un descrédito cada vez mayor de los partidos políticos y de nuestros gobernantes.

   Pero es que, además, algo que contribuye a enturbiar más esta atmósfera que nos invade  es la campaña de la llamada "Ciber Derecha" que viene llevando a cabo toda una propaganda de descrédito de la clase política diciendo que "todos son iguales" o el consabido "y tú más". Y esto sí que es arriesgado y muy peligroso porque puede llegar a darse no una falta de credibilidad en los políticos  sino que puede llegar, como alguien ha dicho a "destruir la credibilidad y la honorabilidad de la democracia". Y eso sería lo peor que nos podría ocurrir ya que, como también hemos hecho referencia a ello alguna vez, muchos clamarían por la venida de un "salvapatrias", con las perniciosas consecuencias que la historia nos enseña que traería consigo. Es desalentador también lo dicho últimamente por alguien en el sentido de que la corrupción de los políticos españoles es un reflejo de una sociedad como la nuestra que también es corrupta.

   Queremos concluir con un motivo para la esperanza. Ni la gran mayoría de nuestros políticos son corruptos ni los ciudadanos tampoco. Son mayoría absoluta, y de sobra, los políticos y ciudadanos honrados Pensemos, por ejemplo en los cientos y cientos de alcaldes y concejales que sin cobrar nada o casi nada, con sus aciertos y desaciertos, lo están dado todo por el bien de sus pueblos y sus vecinos. No podemos consentir que se destruya el sistema democrático que tantos años hemos tardado en recuperar. Erradiquemos sí la corrupción  pero luchemos por mantener la democracia y no perdamos la esperanza en el futuro. De lo contrario, ¿a dónde vamos a parar, hacia dónde nos dirigimos?

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¿Quo vadis, Gallardón?

   De sobra es conocida la brillante carrera política del madrileño Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. Nacido el 11 de diciembre de 1958, es hijo del abogado José María Ruiz Gallardón, estudió el Bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, perteneciente a los jesuitas, y se licenció en Derecho por la Universidad del CEU San Pablo, adscrita entonces a la Universidad Complutense de Madrid. Ganó las oposiciones a Fiscal en 1982, con el número 2, y prestó servicios en la Audiencia Provincial de Málaga, encontrándose actualmente en excedencia. Está casado con María del Mar Utrera, hija del insigne falangista Utrera Molina que fue Ministro del  Gobierno del General Franco.

   En relación a su currículum como político hay que decir que ha sido concejal electo del Ayuntamiento de Madrid, miembro de la ejecutiva de Alianza Popular, diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente y portavoz de Alianza Popular, portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alcalde de Madrid, si bien dejó el Ayuntamiento más endeudado de España, siendo nombrado Ministro de Justicia por Mariano Rajoy, cargo que ostenta en la actualidad.

   A lo largo de su ya dilatada vida política, Gallardón siempre había sido considerado por los españoles un político centrado y moderado, con un talante abierto y dialogante, llegando incluso a hacer públicamente una autocrítica de su propio partido, el Partido Popular.

   Como Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, mantuvo una postura dialogante con las organizaciones sindicales y patronales y, en el año 2006, según una encueta del diario ABC, fue una de los políticos mejor valorados de toda España, a quien se le auguraba un futuro muy prometedor en el campo de la política. Con todo, llegó a tener que soportar alguna que otra crítica bastante dura de los sectores más conservadores y reaccionarios de su propio partido, que lo acusaban por su carácter "progresista".

   Pero, una vez nombrado Ministro de Justicia por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón parece que ha dado un giro de 360 grados en su forma de actuar como político.

   ¿Qué ha hecho o pretende hacer Gallardón como Ministro de Justicia?

   En palabras de la periodista María Peral, Gallardón ha removido o intenta remover todos los cimientos de la justicia en España. Son muchísimos los puntos o materias que nuestro actual Ministro de Justicia quiere reformar en el campo de la Justicia, introduciendo cambios de enorme calado y transcendencia. A guisa de ejemplo, se pueden citar las siguientes materias en las que va a incidir la reforma que pretende aplicar nuestro Ministro de Justicia:

   La ley del aborto.- Se trata de un tema arduo y polémico, muy difícil y sujeto a fuertes debates, pero el anuncio de Gallardón de que las malformaciones del feto ya no será uno de los supuestos en los que se permita abortar, ha ocasionado una serie de críticas, no solo desde sectores progresistas o de izquierdas sino incluso de los jueces y magistrados conservadores. Según el diario digital PÚBLICO, a juicio de Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, el Ministro intenta "desviar" las críticas a su gestión "creando una crispación en la ciudadanía sobre cuestiones éticas de la importancia del aborto". Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la moderada Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, se ha mostrado sorprendido, también según el citado medio de comunicación, ante la innecesaria reforma, por entender que "el aborto por malformación del feto era una "cuestión pacífica", que se estableció hace años sin que haya generado ningún problema".

   La Ley 10/2012, de 20 de noviembre.- Por este texto legal se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y que, desde el 21 de noviembre de 2012, los ciudadanos ha tenido que asumir, cuando realmente estas tasas solamente las abonaban las personas jurídicas (algunas empresas, por ejemplo, etc.).

   Para hacernos una idea del cambio que supone la reforma en esta materia, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, a propuesta del Ministro de Justicia Gallardón, y que va a suponer un aumento de las cargas que van a tener que soportar los ciudadanos, veamos algunos ejemplos:

   Multa de tráfico de 100 euros.- Si el ciudadano sancionado acude a la jurisdicción contencioso administrativa, le costará 200 euros en tasas judiciales, es decir, más que la propia multa, doscientos euros que ya no recuperará aunque la sentencia le sea favorable. Pero, si la sentencia le es adversa y quiere acudir a un tribunal superior, las tasas serán de 800 euros, y si llega hasta el Tribunal Supremo, serán de 1.200 euros (recordemos que la multa era de 100 euros. ¿Esto constituye afán recaudatorio o es un medio de conseguir que los ciudadanos no "incordien" a la justicia y hagan dejadez de sus derechos?

   Reclamar un vuelo cancelado.- Si se cancela un vuelo sin motivos y causa perjuicios al pasajero valorados en 2.500 euros, éste podrá reclamarlos en el juzgado, abonando unas tasas por importe de 312,5 euros.

   Pensión por divorcio.- En un divorcio con reclamación de pensión de 200 euros mensuales, se tendrá que abonar unas tasas de 812 euros hasta el recurso de apelación.

   Recurrir un despido improcedente.- Un trabajador que no esté de acuerdo con su despido por considerarlo improcedente, si quiere recurrirlo ante la jurisdicción social tendrá que abonar 500 euros de tasas judiciales. Si recurre esta sentencia las tasas ascenderán a 800 euros y si llega hasta el Tribunal Supremo tendrá que abonar por tal concepto 1.200 euros. Desde muchísimos años, los trabajadores han estado exentos de pagar este tipo de tasas. La nueva ley hará, sin ningún género de dudas, que muchos trabajadores desistan de iniciar o continuar los trámites judiciales en el supuesto que se está contemplando. Y esto es de una gran importancia dado que era la vía judicial social la única posibilidad de la que gozaban los trabajadores para contrarrestar los perniciosos efectos a los que está dando lugar el abuso que se está cometiendo en la aplicación de la tan criticada reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Reclamar una factura.- Si un ciudadano se encuentra con una factura errónea de teléfono, luz o gas, por valor de 80 euros, recurrir a la vía judicial le supondrá un gasto de 200 euros por tasas judiciales.

   El Gobierno ha intentado hacer ver a los ciudadanos que iba a paliar en parte los efectos de la aprobación de las tasas judiciales, aprobando recientemente el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio, elevando el umbral de renta de los solicitantes de la justicia gratuita y eximiendo de la necesidad de acreditar insuficiencia de recursos a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, a los discapacitados psíquicos, los sindicatos y las personas con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños. Esta medida que, en principio, parece loable encierra una pequeña trampa ya que dicho anteproyecto de ley no supone la paralización inmediata de los pagos en procesos civiles y la justicia gratuita que contempla el mismo para los casos citados tardará al menos un año para su aplicación efectiva.

   Como era lógico y era de esperar, las tasas judiciales impuestas por Gallardón no han sido bien recibidas por los ciudadanos y tampoco, de una forma muy especial, por gran parte del mundo de la justicia. He aquí un botón de muestra:

   La Asociación de Consumidores FACUA entiende que la nueva ley de tasas judiciales abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar la decisión del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento vía judicial.

   El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha quejado de la nueva ley porque considera que con la misma se les convierte en "meros recaudadores" y va en contra de la ciudadanía.

   El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados, han decido aunar sus esfuerzos con el objeto de conseguir que se declare inconstitucional la nueva ley de tasas judiciales.

   También la Asociación de Jueces para la Democracia se opone a la imposición de cualquier tarifa.

   Pero lo más chocante es que, incluso dentro del Partido Popular, también hay alguna voz discordante. Según los medios de comunicación, el abogado y concejal del Partido Popular en Carballo (A Coruña), Juan Carlos Castro y Pombo, ha sido muy duro con el Ministro de Justicia, al decir que Alberto Ruiz-Gallardón es el "peor ministro de Justicia" y ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que recurra las nuevas tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.

   La reforma del Código Penal.- Ruiz-Gallardón ha presentado también en el Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal. Dicha reforma, de llevarse a cabo, es considerada por muchos expertos como la reforma más dura de nuestro Código Penal.

   Entre otras modificaciones, el nuevo texto incluye la "prisión permanente revisable" para cierto tipo de delitos, para proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos "delitos que causan una especial repulsa social". Este tema también está dando lugar a una gran controversia en el campo del Derecho Penal en España.

   Dicho todo esto, la verdad es que existe en nuestro país una importantísima y cualificada oposición a las medidas que pretende implantar o ya está implantando Ruiz-Gallardón en el campo de la Justicia. El diario El País, el pasado mes de diciembre de 2012, informaba que un total de 18 colectivos de la justicia (entre ellos las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía) se unían para rechazar a Gallardón como interlocutor, presentando un manifiesto en contra de sus reformas, según el cual consideran que la política del Ministro de Justicia es un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos.

   Ante este estado de cosas es por lo que nos atrevemos a preguntar: _ ¿Quo vadis, Gallardón?

   Posiblemente, todavía se esté a tiempo de encauzar la situación. Nadie duda de que la justicia en España debe reformarse en muchos aspectos, pero hágase en una línea de diálogo y consenso y, sobre todo, sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre los que ocupa un lugar primordial el "derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales...sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión", que reconoce el artículo 24.1 de nuestra Constitución.

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