No echemos más leña al fuego

  ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, en unas recientes declaraciones ante los medios de comunicación, ha manifestado, entre otras cosas, que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que desean, tal como señala la Constitución, dice el prelado, y, en cuanto a la polémica creada por la "imposibilidad" en varias comunidades autónomas de que los alumnos reciban clases en castellano, el cardenal ha dicho que "el derecho a usar la lengua materna no puede ser suplido ni negado por la autoridad"  y cita, en apoyo de sus afirmaciones, el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

   En este breve comentario no nos vamos a referir a la primera de las cuestiones que plantea monseñor Rouco Varela, lo cual podría ser materia de un más largo comentario. Nos vamos a ceñir solamente a la cuestión lingüística, algo a lo que ya nos referimos en nuestro anterior blog del día 17 de diciembre actual al comentar unas declaraciones del gallego y socialista Francisco Vázquez.

   Estamos convencidos de que el Cardenal-Arzobispo de Madrid, al formular estas declaraciones, está pensando en la reforma educativa del Ministro Wert y en la inmersión lingüística que se está llevando a cabo en Cataluña. Por ello, creemos oportuno que, junto a las afirmaciones de Rouco Varela, conozcamos también otras opiniones contrarias o diferentes de las mismas, incluso en el seno de la propia iglesia católica.

   Así, LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, Cardenal-Arzobispo de Barcelona, entiende que "el actual modelo educativo catalán evita la segregación escolar, favorece la cohesión social y consigue buen conocimiento del castellano y del catalán.

   El obispo de Girona, FRANCESC PARDO, defendió el actual modelo lingüístico de Cataluña y afirmó que "es incomprensible" y un "paso atrás" el proyecto de reforma educativa presentado por el Ministro J. Ignacio Wer el cual provocaría "un empobrecimiento muy importante de nuestra cultura".

   La  FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA considera que "la inversión lingüística en catalán ha permitido evitar la segregación escolar ha sido un factor de cohesión social y no ha generado ningún perjuicio en el aprendizaje del alumnado".

   Por otro lado, en el ámbito internacional, aunque no se da la unanimidad sobre esta cuestión, hay que decir que la inmersión lingüística catalana cuenta con el aval de la UNESCO y que personalidades como el Presidente de la Comisión Europea, JOSÉ MANUEL DURAO BARROSO, han manifestado que dicha inmersión lingüística es extrapolable a otros países.

   Ante la polémica creada y sin entrar a valorar lo correcto o incorrecto de la política lingüística catalana o cualquier otra similar que pudiera darse en España, creemos, una vez más, que hay que pedir a todos ponderación y prudencia en sus manifestaciones y actuaciones  y buscar sobre todo la negociación y el consenso entre todas las partes implicadas. Solamente nos permitimos hacer una pequeña observación respecto de las afirmaciones de Rouco Varela cuando asegura que el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en la lengua materna o en la que ellos determinen es un derecho fundamental de la familia, que no puede ser suplido ni negado por la autoridad. Y cita para ello el artículo 27 de la Constitución. Nos permitimos formular una pregunta: ¿Tiene derecho, por ejemplo, una familia valenciana, cuya lengua materna es el valenciano, a exigir el derecho en la Comunidad de Madrid, si reside en ella, a que sus hijos tengan como lengua vehicular el valenciano en el centro público o concertado al que asistan? ¿Y citamos para ello el artículo 14 de la Constitución que declara a todos los ciudadanos iguales ante la ley y con los mismos derechos? Y, por favor, que no se nos eche a la cara el artículo que obliga a todos los españoles a conocer el castellano, algo que ya sabemos, porque en ningún punto se exige que sea la lengua vehicular para todos en la enseñanza. Efectivamente, el artículo 3.1 del texto constitucional se limita a  establecer, y no es poco, el deber de conocer el castellano y el derecho de usarlo.

   Dicho todo esto, pensamos que posturas, declaraciones o actuaciones como las de Francisco Vázquez, socialista y católico, al comparar la política lingüística catalana con el nazismo, las de monseñor Rouco Varela, a nuestro juicio y con todo el respeto fuera de lugar, y las del Ministro Wert, del Partido Popular, tratando de "españolizar" a los niños catalanes, en lugar de contribuir a calmar los ánimos están haciendo que, día a día, aumente el número de ciudadanos de Cataluña a favor de su independencia.

   No echemos más leña al fuego.

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Un poco de cordura, por favor, señor Vázquez

   FRANCISCO VÁZQUEZ, gallego, socialista, republicano (así parece que se ha definido en alguna ocasión) y católico, es abogado e inspector de trabajo en excedencia. Ha sido alcalde de A Coruña desde 1983 hasta 2006 y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.  De 2006 a 2011, por decisión del entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue embajador de España ante la Santa Sede.

   Francisco Vázquez ha recibido numerosas condecoraciones, entre las que cabe destacar la Orden del Imperio Británico, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, habiendo sido nombrado Hijo Predilecto de A Coruña.

   Como vemos, se trata de un personaje insigne e ilustre pero que, como saben muy bien quienes le conocen, ha sido considerado díscolo por sus opiniones independientes, populistas, localistas y contrarias en ocasiones a la línea oficial de su partido, del Partido Socialista.

   Con motivo de la reciente polémica creada en torno al proyecto de reforma educativa del actual Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la cual, según la gran mayoría de los grupos políticos catalanes, supone un grave ataque a la inmersión lingüística, aprobada por el Parlamento catalán, que se viene aplicando en Cataluña, Francisco Vázquez ha hecho unas declaraciones en los medios de comunicación en relación con dicha cuestión.

   Francisco Vázquez, en tales declaraciones, ha equiparado la política lingüística de la Generalitat de Cataluña con la persecución practicada por los nazis con respecto a los judíos. Para Vázquez "no hay ninguna diferencia entre un judío con estrella amarilla y un niño catalán castigado por hablar castellano en el patio de un colegio".

   Las reacciones frente a tales declaraciones no se han hecho esperar.

   La dirección del Partido Socialista de Galicia ha afirmado que "no compartimos las opiniones del señor Vázquez como ha quedado claro en nuestro programa electoral. Numerosos  militantes se sienten avergonzados de militar en el mismo partido que Vázquez".

   El presidente de la Asociación de Amistad Galicia-Israel, Pedro Gómez Valdés, ha calificado las manifestaciones de Francisco Vázquez de "barbaridad absoluta", añadiendo que "a esto se le llama banalización del Holocausto".

   El diputado electo por el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), Xavier Sabaté, según el periódico La Vanguardia, ha llegado incluso a ironizar con que Jesucristo perdonará al exalcalde de A Coruña porque "no sabe ni lo que hace ni lo que dice" cuando equiparó un judío perseguido y un niño catalán "castigado por hablar español".

   Las críticas del PSC también han llegado, según el mismo periódico, del diputado en el Congreso, Francesc Vallés, el cual ha pedido una rectificación al exalcalde socialista. Vallés afirma en su cuenta de Twitter que "la ignorancia no tiene límites. Bueno, sí: el Código Penal. Las declaraciones de Paco Vázquez no pueden quedar impunes. Rectificación, ya!".

   Nosotros, por nuestra parte, con todo el respeto y con toda la modestia, nos permitimos formular algunas observaciones en relación con las manifestaciones de Francisco Vázquez:

   Primera.- Aunque es una obviedad, hay que dejar patente que en un Estado democrático como España, cualquier ciudadano puede, y así lo reconoce nuestra Constitución, expresar libremente su opinión y su crítica respecto de cualquier materia o asunto, sin más limitaciones que las exigidas por la ley, en especial por la normas de carácter penal.

   Segunda.-  Como nos recuerda Jordi Porta, presidente del Centro de la UNESCO de Cataluña, "la inmersión lingüística es propiamente un método que consiste en escolarizar los niños y niñas en una lengua diferente de la que se habla en casa cuando ésta, la hablada en casa, es socialmente dominante y está asegurada. Se parte de la base de que una lengua se aprende usándola y no solo como una asignatura. El método prevé que a medida que se va avanzando en los cursos se van incorporando materias en la otra lengua, la dominante, de forma que al acabar el período de escolarización obligatoria los alumnos y alumnas conozcan correctamente las dos lenguas. Los análisis de la evaluación de la comprensión y expresión oral y escrita en el alumnado que ha seguido la inmersión lingüística en catalán durante los últimos quince años, demuestran que el conocimiento de la lengua castellana en Cataluña es igual o superior a los del resto del Estado español. Justamente la lengua que todavía presenta deficiencias de conocimiento es la catalana en unos tiempos en los que el marco ambiental y social es determinante y la lengua dominante, la castellana, está ampliamente presente".

   A esto cabe añadir que la política lingüística de la Generalitat de Cataluña viene siendo elogiada en muchos ámbitos educativos internacionales y que su aplicación no ha sido ningún problema, sino todo lo contrario, para la cohesión social de los habitantes de Cataluña.

   Aunque en todas partes podemos encontrar personas radicales y fanáticas, le pedimos al señor Vázquez que se digne visitar los patios de varios colegios catalanes y que saque sus propias conclusiones. Nos gustaría que, con toda sinceridad, nos dijese cuál es la lengua que más se habla en los patios escolares de Cataluña, el catalán o el castellano, y, sobre todo, que nos diga cuántos casos de "castigos" a los niños puede constatar por hablar éstos en castellano en los patios escolares.

   Tercera.- Al señor Vázquez hemos de recordarle lo que ocurría en nuestro país antes de haberse instaurado de nuevo la democracia. Personalmente, recordamos perfectamente hechos tales como las de imponer "multas" a las niñas, en un pueblo cuya lengua materna era y es el valenciano, por hablar entre ellas en esta lengua, o las de exigir en a las huertanas y huertanos que solo sabían expresarse en valenciano que hablasen en cristiano cuando se dirigían a cualquier funcionario público, o la de amenazar a los niños que no iban a Misa los domingos con denunciar a sus padres a la Guardia Civil (y esto se le recordamos al señor Vázquez en su calidad de cristiano y católico), o, en fin, exigirse certificado de buena conducta política (ser adicto a los principios del Movimiento Nacional) y religiosa para poder acceder a algún trabajo, sobre todo, en la Administración pública. Y a pesar de ello, no nos atrevemos a calificar esta conducta atentatoria de los derechos de los ciudadanos como nazi.

   Cuarta.- Como no somos expertos en la materia no nos consideramos competentes para enjuiciar si la política de inmersión lingüística, en este caso la que lleva cabo la Generalitat de Cataluña, es la más adecuada o no. "Doctores tiene la Iglesia" y a los hechos nos remitimos.

   Pero, comparar la inmersión lingüística catalana con las atrocidades cometidas por el nazismo con los judíos, nos parece una barbaridad que no es propia de alguien que se considera socialista y cristiano.

   Señor Vázquez: un poco de cordura, por favor!.

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La protección del derecho a la vivienda en España

   Se calcula que actualmente alrededor de quinientas mil familas han sido desahuciadas, o están a punto de serlo, por no poder hacer frente al crédito hipotecario que les había sido concedido por las entidades bancarias.

   El atrtículo 47 de la Constitución española de 1978 establece que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

   Ante la lacerante y dramática situación en que están viviendo miles de personas y familias en nuestro país, que se ven privadas de su vivienda, son muchos los ciudadanos que se preguntan por las razones por las cuales no se respeta ese derecho a una vivienda digna y adecuada que reconoce nuestra Constitución.

   La contestación a este interrogante es más propia de una clase de Derecho Constitucional en una Facultad de Derecho. En la línea de la mayoría de los expertos en Derecho Constitucional, vamos a intentar dar una pequeña contestación o explicación pero a sabiendas de que no puede ser admisible ni comprensible por la gran mayoría de ciudadanos y, muy especialmente, por los que se están viendo afectados por la pérdida de su vivienda.

   La Constitución española vigente reconoce toda una serie de derechos y libertades en favor de los ciudadanos. Esquemáticamente, son los siguientes:

  1.- La igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna (art. 14).

  2.-Los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I, Secciones 1ª y 2ª, entre los que cabe citar, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física, la libertad religiosa, la libertad de cátedra, el derecho de asociación, el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, el derecho a la educación, etc.

  3.- Los llamados "principios rectores de la política social y económica", que se recogen en el Capítulo Tercero del mismo Título I, principios entre los cuales figura, en el art. 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada tal como se ha dicho al principio.

   Aunque aparentemente todos los derechos y libertades que se reconocen en nuestra Constitución tienen la misma protección y garantías, ello no es así.

   Efectivamente, según el artº. 53 de la Constitución solamente gozan de auténticas garantías los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I, es decir, los que se contienen en los artículos 14 al 38 del texto constitucional, si bien la máxima protección jurídica la tienen los reconocidos en el artº. 14 y  en la Sección Primera (arts. 15 al 29), bajo la rúbrica "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" que, además de tener las garantías previstas constitucionalmente para todos los derechos y libertades del Capítulo Segundo, gozan de unas garantías y protección especial a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   O sea, para que todos lo entendamos, hay una serie de derechos y libertades contemplados en la Consitución los cuales, además de vincular a todos los poderes públicos, pueden ser exigidos, en cuanto a su respeto y disfrute, ante la jurisdicción ordinaria y ante el Tribunal Constitucional.

   Y eso, desgraciadamente, no ocurre con los  derechos ubicados en el Capítulo Tercero del Título I de la Constitución, es decir, aquellos que como el derecho a una vivienda digna y adecuada figuran en la rúbrica de los "Principios rectores de la política social y económica". El artº. 47, que reconoce dicho derecho, no está amparado por las garantías del artº. 53, 1 y 2, es decir, ni vincula de forma directa a los poderes publicos ni los ciudadanos pueden exigir su reconocimiento a través de un recurso de amparo.

   Es cierto que la propia Constitución establece que dichos principios rectores, entre los que figura el derecho a la vivienda, han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y, en general, la actuación de los poderes públicos, pero tal derecho, según opinión mayoritaria en la doctrina, no es un derecho "justiciable". Como nos recuerda Mª JOSÉ GONZÁLEZ ORDOVAS, el derecho a la vivienda digna sería una aspiración o programa de política social que, eventualemnte, alcanzará virtualidad jurídica cuando sea desarrollado por el legislador.

   Sin ese desarrollo legislativo, poco o casi nada pueden hacer los jueces y tribunales. Y a los hechos nos remitimos. Ni parece ser que se espere tal desarrollo legislativo, pues una muestra de ello la tenemos en la reciente normativa para "paliar" los efectos de los desahucios, que se ha quedado prácticamente en nada, ni mucho menos cabe esperar de nuestros políticos, y, especilamente, del gobierno español actual, una reforma más progresiva de la Constitución que ubique el derecho a la vivienda entre los derechos fundamentales efectivamente protegidos y garantizados.

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Hay que saber perder

   Muy a menudo, a lo largo de nuestra vida, quien más y quien menos, hemos tenido que pasar por trances o situaciones en los que ha tenido lugar una competencia o "enfrentamiento" para poder lograr o alcanzar un propósito, bien sea de caràcter lúdico o deportivo, laboral, profesional, etc. Y la realidad es que no siempre uno gana o consigue el fin propuesto, no siempre, por ejemplo, uno saca siempre buenas notas o gana un partido de fútbol, o gana un concurso u oposición, o vence en unas elecciones políticas, etc., sino que, como se dice popularmente, "unas veces se gana y otras veces se pierde".

   No todo el mundo sabe ganar, sino que, como dice la psicóloga TRINIDAD APARICIO PÉREZ, no todos demuestran elegancia y educación cuando ganan, ni saben demostrar una buena actitud humilde y de respeto al adversario o adversarios.

   Tal vez sea oportuno recordar las palabras del literato norteamericano JOHN STEINBECK, el cual, al referirse a los ganadores, dice: "A todos en alguna parte nos aguarda la derrota. Algunos son destruidos por ella mientras otros se hacen pequeños y mezquinos a través de la victoria. La grandeza vive en quien triunfa a la vez sobre la derrota y sobre la victoria".

   Pero, con todo, es más crudo y amargo aceptar la derrota. Como refiere la citada psicóloga, aunque es difícil, hay que aceptar también con humildad la derrota. Hay que aprender de los errores que uno haya podido cometer y procurar enmendarlos y no incurrir en los mismos en una próxima vez.

   Hay que ser realista con nuestras posibilidades, capacidades o limitaciones, para alcanzar un objetivo, sin subestimar al rival o rivales, algo en lo que se suele caer con demasiada frecuencia. Hay que ser cordial con nuestros competidores, sea en el ámbito que sea (deportivo, laboral, profesional, etc.) y felicitar al vencedor. Es cierto que nos cuesta asumir que hemos perdido y ello nos causa cierta frustación o decepción, sobre todo cuando hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión y todo nuestro esfuerzo en lograr nuestro objetivo, sin haber sido compensados como creíamos.

   Como también nos recuerda TRINIDAD APARICIO PÉREZ, "nunca podemos perder los nervios o las formas, tenemos que tener autocontrol".

   Por último, entendemos que quienes tienen que hacer de "árbitros o jueces" en cualquier competición, sea del tipo que sea, se merecen el máximo respeto y aceptación de sus decisiones de parte de los participantes o aspirantes en cualquier "competición", ya que, estamos seguros, que todos ellos, con el riesgo humano de equivocarse, actúan y pretenden actuar con el máximo respeto a la legalidad vigente y con el máximo de objetividad y justicia.

   Y, en todo caso, y tal como establece nuestra Constitución por suerte, vivimos en un Estado de Derecho, por lo que está garantizado que cualquier ciudadano puede acudir a los jueces y tribunales en demanda de cualquier derecho que estime le pertenece y que crea que haya sido vulnerado.

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