En nuestro blog de 5 de marzo de 2012, al referirnos a la reforma laboral del gobierno del Partido Popular, comentábamos que, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, se han producido cambios sustanciales en relación a los expedientes de regulación de empleo (ERE) y, especialmente, en cuanto a los despidos colectivos.
La presente reforma laboral significa, entre otras cosas, por una parte, una menor exigencia respecto a la documentación a aportar por el empresario ante la autoridad laboral en un expediente de regulación de empleo, ya que el artº. 51 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva redacción dada al mismo por el Real Decreto-Ley citado, establece que "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas", no exigiéndose, como ocurría en la normativa anterior, que la documentación financiera y contable de la empresa interesada esté auditada y, por otra parte, ahora tampoco se exige, como así ocurría, resolución estimatoria de la autoridad laboral para proceder el empresario al despido colectivo pretendido por el mismo.
Los efectos de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy no han sido tan benéficos como se nos hizo creer a los ciudadanos, en el sentido de que con tales medidas se crearía empleo y disminuiría el número de desempleados. Y a los hechos nos remitimos. Según datos del propio Ministerio de Empleo, en los cinco primeros meses del año 2012 han aumentado ostensiblemente las rescisiones individuales de los contratos de trabajo y los despidos colectivos, habiéndose registrado un total de 163.185, casi un 50% más que en igual período de 2011.
Se calcula, según nos dicen algunos medios de comunicación, que 282 empresas pararon los expedientes de regulación de empleo (ERE) para beneficiarse con el nuevo gobierno del Partido Popular y su reforma laboral anunciada por el mismo. El número de expedientes de regulación de empleo, en los dos primeros meses de 2012, se duplicó respecto a igual período de 2011.
Ante este estado de cosas, como también se ha dicho, a los trabajadores afectados por un ERE solo les queda la posibilidad de impugnar la decisión empresarial de despido a través de la vía jurisdiccional ante los Tribunales de Justicia, sin olvidar, como también sabemos, la "lentitud" en el funcionamiento de la justicia y las trabas económicas que, con la imposición de las nuevas tasas judiciales en el orden social (de 0 euros se pasaría a 500 euros, en los recuros de suplicación, y de 0 euros se pasaría a 750 euros, en los recursos de casación) pretende establecer el actual Ministro de Justicia, señor Gallardón.
Pues bien, a pesar de todo, incluso a pesar de las trabas que se quieren poner a los trabajadores para poder acudir a los Tribunales, ya hay alguna buena noticia que afecta a los mismos.
Ya hay algunos Jueces y Tribunales que están impidiendo, a través de sus resoluciones judiciales, que "se eche a los trabajadores a la calle" sin una justificación veraz y objetiva.
Entre otras, podemos citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de mayo de 2012, de la Sala de lo Social, que declara nula la decisión empresarial en un ERE por no justificar fehacientemente la empresa el despido colectivo llevado a cabo por la misma.
Según ESTHER TEJEDOR y MANUEL V.GÓMEZ "de momento no hay muchas sentencias, ni se ha sentado jurisprudencia. Pero los jueces ya han dejado claro donde están los límites del nuevo despido".
Como continúan diciendo los dos autores citados, "si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en uno de sus fallos recientes: "Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales".
Por ello, concluimos con la frase del enunciado: "A los trabajadores, pese a todo, siempre les quedarán los Tribunales".
dimarts, 14 d’agost del 2012
dijous, 9 d’agost del 2012
El Partido Popular quiere que desaparezcan los pequeños municipios y sus Ayuntamientos
El Gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, pretende modificar La Ley de Bases de Régimen Local y de Administración Local, lo cual, de llevarse a cabo en los términos que quiere el Partido Popular, supondría, por una parte, la reducción sustancial del número de concejales y, por otro lado, la desaparición o fusión de muchos pequeños municipios y la eliminación de gran parte de sus competencias actuales.
A través de los medios de comunicación y de las propias actuaciones del Gobierno, se nos quiere dar la impresión de que la grave crisis económica que padecemos se ha originado en nuestro país por el gasto excesivo de los servicios públicos (¿cuántas veces habrá que decir que el endeudamiento público de España es inferior al de países como Alemania o el Reino Unido?) en lugar de decirnos la verdad y explicarnos con nitidez que todo ha venido provocado por el afán especulativo y por la sed desaforada de beneficios de las entidades financieras y de los mercados y de sus gestores, con el único objeto de incrementar sus ganacias sin importarles en absoluto los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Por ello, el tan cacareado defícit público el Partido Popular se empeña en reducirlo, siguiendo los mandatos de la llamada "troika", recortando servicios públicos esenciales y cercenando derechos de las personas, como los funcionarios y los trabajadores, a base de reducción de salarios, eliminación de puestos de trabajo o de la reforma laboral, derechos que tantas luchas y sacrificios han sido necesarios históricamente para su consecución.
Y, dentro de esta política de "recortes" o de "ajustes", no podían estar ausentes los municipios y los Ayuntamientos. El Gobierno de España pretende, como hemos dicho al principio, con las reformas que proyecta, reducir de manera importante el número de concejales, eliminar y fusionar pequeños municipios y restar muchas competencias sobre todo a estos últimos, dejándolas al parecer en manos de las Diputaciones Provinciales.
Para llevar a cabo tales medidas nuestro gobierno, como muy bien nos recuerda nuestro amigo y Alcalde de Algimia de Alfara, Francisco Salt, se propone "desmantelar los servicios que reciben los ciudadanos por parte de los municipios, un retroceso democrático y un atentado a la autonomía local reconocida en la Constitución".
Con el objeto de justificar la merma de competencias de los pequeños municipios, el gobierno del Partido Popular quiere convencer a la ciudadanía dando una imagen del excesivo endeudamiento y del despilfarro de los Ayuntamientos. Pero, si nos atenemos a las cifras, no son realmente los pequeños municipios y sus Ayuntamientos los más endeudados. A guisa de ejemplo, conviene recordarle al Partido Popular que el señor Gallardón, anterior Alcalde de Madrid, del Partido Popular, como todos sabemos, ha dejado una deuda de 7.000 millones de euros, cantidad equivalente al 25% del total de la deuda de los municipios españoles (28.000 millones de euros). A esto podríamos añadir la deuda de otros grandes municipios (Valencia, Barcelona, etc.) y nos daríamos perfecta cuenta de que la deuda de los pequeños municipios españoles es irrisoria si la comparamos con la de los grandes, sin tener ninguna influencia de peso en la actual crisis ni en la deuda pública, por lo que resulta aún más extraño que el Gobierno de España se quiera ensañar con los pequeños municipios y Ayuntamientos.
Quien esto suscribe ha sido Alcalde durante varios años en un pequeño municipio, Algar de Palancia, de algo más de quinientos habitantes, y ahora es concejal de cultura de su Ayuntamiento. Y puede dar fe de que ni en éste ni en la mayoría de municipios similares, ni los Alcaldes ni los ediles perciben ni han percibido retribuciones, y, si lo hacen en algún caso, son retribuciones irrisorias, dedicando horas y horas de manera desinteresada en beneficio de sus pueblos y de sus vecinos.
También puede dar fe de que su municipio no está endeudado prácticamente y que apenas incurre en retraso en el pago de sus obligaciones. Si se da alguna demora ello es debido al retraso de otras Administraciones Públicas (Generalitat, Diputación, etc.) en hacer efectivas sus subvenciones.
Lo más grave, de aprobarse las medidas que proyecta el gobierno, en materia de Régimen Local, ello sería, como se ha dicho, un grave atentado a la democracia y autonomía municipal que se reconoce en nuestra Constitución y daría al traste con esa proximidad y cercanía existente, sobre todo en los pequeños municipios, entre los ciudadanos y sus gobernantes, además de impedir o dilatar toda una serie de problemas, muchas veces pequeños problemas cotidianos, que afectan a los primeros. Y todo ello no significa que seamos contrarios a una mayor racionalización del gasto público. Pero, tal vez, se podría empezar por reducir o eliminar gastos tales como el Senado (puesto que, al no ser una Cámara de representación territorial, ya nos dirán para qué sirve), los diputados provinciales, la gran cantidad de asesores, los gastos en eventos innecesarios, etc., etc., que, por cierto, nada tienen que ver con los pequeños municipios.
Piénsese, por ejemplo, aunque puede parecer un poco pueril, que si traspasan como pretende el gobierno muchas competencias municipales a las Diputaciones Provinciales, como es el caso de la educación o el alumbrado público, ¿cuánto tiempo se tardaría en arreglar unas goteras en las escuelas públicas o cambiar o reponer unas bombillas del alumbrado público?, ¿o piensan los vecinos de mi pequeño pueblo que se podrían celebrar unas semanas culturales como se viene haciendo y con un mínimo coste y que también contribuyen de alguna manera a la calidad de vida de los vecinos?, ¿o es que alguien puede pensar que se agilizarían los trámites administrativos ante cualquier solicitud o petición de los ciudadanos?
La mayoría de los Alcaldes y concejales de los pequeños municipios (nos consta que también lo están haciendo varios pertenecientes al Partido Popular) nos opondremos con todas las armas legales pero "con uñas y dientes" a las medidas proyectadas por el Gobierno de España. A éste le decimos que mire hacia otro lado. Bien está que se racionalice el gasto de los municipios. Pero que no se nos tome como un chivo expiatorio más de la situación que desgraciadamente estamos viviendo.
A través de los medios de comunicación y de las propias actuaciones del Gobierno, se nos quiere dar la impresión de que la grave crisis económica que padecemos se ha originado en nuestro país por el gasto excesivo de los servicios públicos (¿cuántas veces habrá que decir que el endeudamiento público de España es inferior al de países como Alemania o el Reino Unido?) en lugar de decirnos la verdad y explicarnos con nitidez que todo ha venido provocado por el afán especulativo y por la sed desaforada de beneficios de las entidades financieras y de los mercados y de sus gestores, con el único objeto de incrementar sus ganacias sin importarles en absoluto los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Por ello, el tan cacareado defícit público el Partido Popular se empeña en reducirlo, siguiendo los mandatos de la llamada "troika", recortando servicios públicos esenciales y cercenando derechos de las personas, como los funcionarios y los trabajadores, a base de reducción de salarios, eliminación de puestos de trabajo o de la reforma laboral, derechos que tantas luchas y sacrificios han sido necesarios históricamente para su consecución.
Y, dentro de esta política de "recortes" o de "ajustes", no podían estar ausentes los municipios y los Ayuntamientos. El Gobierno de España pretende, como hemos dicho al principio, con las reformas que proyecta, reducir de manera importante el número de concejales, eliminar y fusionar pequeños municipios y restar muchas competencias sobre todo a estos últimos, dejándolas al parecer en manos de las Diputaciones Provinciales.
Para llevar a cabo tales medidas nuestro gobierno, como muy bien nos recuerda nuestro amigo y Alcalde de Algimia de Alfara, Francisco Salt, se propone "desmantelar los servicios que reciben los ciudadanos por parte de los municipios, un retroceso democrático y un atentado a la autonomía local reconocida en la Constitución".
Con el objeto de justificar la merma de competencias de los pequeños municipios, el gobierno del Partido Popular quiere convencer a la ciudadanía dando una imagen del excesivo endeudamiento y del despilfarro de los Ayuntamientos. Pero, si nos atenemos a las cifras, no son realmente los pequeños municipios y sus Ayuntamientos los más endeudados. A guisa de ejemplo, conviene recordarle al Partido Popular que el señor Gallardón, anterior Alcalde de Madrid, del Partido Popular, como todos sabemos, ha dejado una deuda de 7.000 millones de euros, cantidad equivalente al 25% del total de la deuda de los municipios españoles (28.000 millones de euros). A esto podríamos añadir la deuda de otros grandes municipios (Valencia, Barcelona, etc.) y nos daríamos perfecta cuenta de que la deuda de los pequeños municipios españoles es irrisoria si la comparamos con la de los grandes, sin tener ninguna influencia de peso en la actual crisis ni en la deuda pública, por lo que resulta aún más extraño que el Gobierno de España se quiera ensañar con los pequeños municipios y Ayuntamientos.
Quien esto suscribe ha sido Alcalde durante varios años en un pequeño municipio, Algar de Palancia, de algo más de quinientos habitantes, y ahora es concejal de cultura de su Ayuntamiento. Y puede dar fe de que ni en éste ni en la mayoría de municipios similares, ni los Alcaldes ni los ediles perciben ni han percibido retribuciones, y, si lo hacen en algún caso, son retribuciones irrisorias, dedicando horas y horas de manera desinteresada en beneficio de sus pueblos y de sus vecinos.
También puede dar fe de que su municipio no está endeudado prácticamente y que apenas incurre en retraso en el pago de sus obligaciones. Si se da alguna demora ello es debido al retraso de otras Administraciones Públicas (Generalitat, Diputación, etc.) en hacer efectivas sus subvenciones.
Lo más grave, de aprobarse las medidas que proyecta el gobierno, en materia de Régimen Local, ello sería, como se ha dicho, un grave atentado a la democracia y autonomía municipal que se reconoce en nuestra Constitución y daría al traste con esa proximidad y cercanía existente, sobre todo en los pequeños municipios, entre los ciudadanos y sus gobernantes, además de impedir o dilatar toda una serie de problemas, muchas veces pequeños problemas cotidianos, que afectan a los primeros. Y todo ello no significa que seamos contrarios a una mayor racionalización del gasto público. Pero, tal vez, se podría empezar por reducir o eliminar gastos tales como el Senado (puesto que, al no ser una Cámara de representación territorial, ya nos dirán para qué sirve), los diputados provinciales, la gran cantidad de asesores, los gastos en eventos innecesarios, etc., etc., que, por cierto, nada tienen que ver con los pequeños municipios.
Piénsese, por ejemplo, aunque puede parecer un poco pueril, que si traspasan como pretende el gobierno muchas competencias municipales a las Diputaciones Provinciales, como es el caso de la educación o el alumbrado público, ¿cuánto tiempo se tardaría en arreglar unas goteras en las escuelas públicas o cambiar o reponer unas bombillas del alumbrado público?, ¿o piensan los vecinos de mi pequeño pueblo que se podrían celebrar unas semanas culturales como se viene haciendo y con un mínimo coste y que también contribuyen de alguna manera a la calidad de vida de los vecinos?, ¿o es que alguien puede pensar que se agilizarían los trámites administrativos ante cualquier solicitud o petición de los ciudadanos?
La mayoría de los Alcaldes y concejales de los pequeños municipios (nos consta que también lo están haciendo varios pertenecientes al Partido Popular) nos opondremos con todas las armas legales pero "con uñas y dientes" a las medidas proyectadas por el Gobierno de España. A éste le decimos que mire hacia otro lado. Bien está que se racionalice el gasto de los municipios. Pero que no se nos tome como un chivo expiatorio más de la situación que desgraciadamente estamos viviendo.
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