En dichos blogs, y con independencia del criterio que las medidas que contempla la citada reforma laboral merezcan de los expertos en materia económica sobre la idoneidad o no de las mismas para salir o paliar la crisis que estamos viviendo, hacía referencia a las opiniones de varios comentaristas, los cuales coincidían en que la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy supone una merma de los derechos de los trabajadores. En efecto, así es, si citamos, por ejemplo, la facilidad para el despido de los trabajadores al no ser necesaria autorización administrativa en lo que se conocía como expedientes de regulación de empleo (ERE), desapareciendo las exigencias anteriores al empresario para que acreditara la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, el abaratamiento del despido, que, prácticamente, pasa a ser de veinte mensualidades por año de servicio con los topes legales, los límites o trabas a la negociación colectiva, algo de dudosa constitucionalidad, las facilidades dadas al empresario para la modificación de las condiciones laborales relativas al horario de trabajo, al salario, a la movilidad geográfica y funcional, etc.
En el Boletín Oficial del Estado del 24 de abril actual, se ha publicado el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Pues bien, según el citado Decreto-Ley, entre otras cosas, los pensionistas, a excepción de los que cobren pensiones mínimas como es el caso de las pensiones no contributivas, tendrán que abonar mensualemente por consumo farmacéutico 8 euros mensuales, si sus ingresos son inferiores a 18.000 euro anuales, 18 euros mensuales, si sus ingresos están entre los 18.000 y los 100.000 euros anuales, y 60 euros mensuales, si sus ingresos superan los 100.000 euros anuales. Pero, salvo quienes superen los 100.000 euros anuales, todos pagarán el 10% del coste de la receta, pudiendo retrasar la Administración hasta seis meses la devolución a los pensionistas del dinero que hayan adelantado y que rebase los topes máximos de gasto farmacéutico mensual citados, es decir, 8 y 18 euros.
Además, los pacientes pagarán parte de las prótesis y el transporte no urgente.
Como vemos, todas estas medidas, tanto las derivadas de la reforma laboral como de la aprobación del "copago farmacéutico", afectan especialmente a la clase media y a la clase trabajadora de nuestro país. Si a ello añadimos medidas tales como la subida de las tasas universitarias y la reducción de becas, que afectan sobre todo a los hijos de los trabajadores, la reducción simulada de las pensiones al aumentar la cuota tributaria del IRPF, el aumento del billete de los transportes públios, el aumento del recibo de la luz, el aumento del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos (IBI) por muchos Ayuntamientos, etc., tendremos que concluir que la situación de la mayoría de la población se hace cada día que pasa más insostenible.
Por ello, suenan a burla, por ejemplo las palabras de José Ignacio Echániz, Secretario de Estado de Sanidad del Partido Popular y Consejero de Salud de Castilla-La Mancha, aunque luego, ante la reacción de muchos ciudadanos, ha pedido públicamente disculpas, al comparar el copago farmacéutico con "cuatro cafelitos".
Pero es que la cosa no acaba ahí. El 30 de marzo de 2012, el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó un anteproyecto de ley en el que se contempla la subida generalizada de las tasas judiciales, entre ellas las que tienen que abonar los trabajadores en sus reclamaciones ante la jurisdicción social, cuando realmente, desde 1900, eran gratuitas. Si el citado anteproyecto de ley llega a ramos de bendecir, los trabajadores tendrán que abonar 500 euros, si se trata de un recurso de suplicación, y 750 euros, si se trata de un recurso de casación. El gobierno justifica esta medida ante la necesidad de "paliar la situación de los Juzgados y sufragar la justicia gratuita". La verdad es que no se llega a entender lo perentorio de la medida por parte del gobierno cuando, desde hace muchas décadas, se viene demandando más personal y más medios en los Juzgados sin que las medidas que se pretenden tomar ahora sean las más idóneas para solucionar el problema. En relación al pago de tasas por las reclamaciones ante la jurisdicción social, más bien nos tememos que, además de suponer una carga económica más para los trabajadores, lo que se pretenda es que éstos se retraigan ante sus posibles demandas ante dicha jurisdicción haciendo dejación y renuncia de sus posibles derechos.
En definitiva, en los pocos meses que el Partido Popular lleva al frente del gobierno de España, se puede afirmar con rotundidad que se ha producido el mayor retroceso y la mayor merma de los derechos y prestaciones sociales, singularmente de los trabajadores, incluida gran parte de lo que se denomina clase media, en los últimos cien años. No es agradable afirmar esto pero es la más auténtica realidad.
Para finalizar, me permito formular unas cuantas preguntas:
- Si los trabajadores, pensionistas, desempleados, emigrantes, etc, no han provocado la crisis que nos afecta, ¿por qué los políticos se empecinan en que la solución pase por recortar de manera tan agresiva los derechos de estos ciudadanos, en lugar de ir a las raíces del problema, dirigiendo sus medidas contra las verdaderas causas y los verdaderos causantes de esta situación?
- ¿Qué motivos de verdad inducen a los gobiernos europeos, especialmente al gobierno español, a seguir de manera servil los dictados de la señora Merkel, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional o de los mercados internacionales, en lugar de atender las demandas de los ciudadanos en defensa del estado de bienestar que tantos sacrificios y esfuerzos ha costado conseguir, llevando a cabo solamente medidas encaminadas, según nos dicen, a reducir el famoso "defícit" y no medidas encaminadas al crecimiento, como también aconsejan varios expertos en economía?.
- ¿Están convencidos realmente los políticos que con las medidas que vienen aplicando se va a salir en verdad de la crisis?¿Y en cuánto tiempo?
- ¿Hasta cuándo creen los gobernantes que los ciudadanos podrán soportar estoicamente esta situación y no dirán !basta!?
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