Las perlas de Esperanza Aguirre

   De un tiempo a esta parte los ciudadanos no estamos teniendo demasiados motivos para el optimismo ni para la esperanza por las razones que todos conocemos, producièndose, cada día más, tensiones e incluso enfrentamientos a nivel de calle dado el descontento y el malestar social cada vez más generalizado ante las medidas, o mejor dicho ante la falta de medidas eficaces, de nuestros políticos que hagan vislumbrar siquiera un poco de luz, sobre todo a las clases medias y trabajadoras que son las que más están sufriendo los efectos de la crisis.

   Por eso, pese a ello, hemos querido encontrar alguna nota de humor que nos haga más llevadera la situación y nos haga siquiera esbozar alguna sonrisa que nos permita un poco de relajación frente a tal estado de cosas.

   Buscando y rebuscando en las "hemerotecas" esa nota de humor, y lo decimos sin ningún tipo de acritud, la hemos encontrado en toda una serie de frases y afirmaciones de Esperanza Aguirre, la llamada por algunos la "lideresa", a lo largo de los últimos meses y años.

   Muchas son las frases "insignes", las "perlas", que nos ha brindado Esperanza Aguirre, condesa de Murillo y grande de España, además de presidenta del Partido Popular de Madrid y expresidenta de la Comunidad autónoma madrileña. Vamos a citar brevemente algunas de ellas, sacadas de los medios de comunicación.

   Siendo Esperanza Aguirre Ministra de Cultura del Gobierno de Aznar, en 1997, delante de las cámaras del programa televisivo "Caiga Quien Caiga", confundió al escritor portugués y Premio Nobel de Literatura, Saramago, con una mujer, "Sara Mago". Aunque no queda claro cuáles fueron exactamente sus palabras, la periodista Rosa María Artal asegura que ella misma oyó de la boca de la exministra la famosa frase, asegurando que Sara Mago era una bailadora.


   Con motivo del 1 de mayo de 2012, afirmó que "los sindicatos caerán como el Muro de Berlín"(Cadena SER).


   "Con lo que gano de presidenta me cuesta llegar a fin de mes" (El Norte de Castilla).


   "En mi lista hay gente imputada por tonterías" (El Norte de Castilla).


   "Qué suerte hemos tenido quitándole un consejero al hijoputa, dandóselo a IU" (Cadena SER). El "hijoputa" parece ser que era Gallardón, el actual ministro de Justicia.


   "Franco era bastante socialista" (Programa 59 segundos de TVE).


   "¿Y dónde está Dulce ?¿En Cuba?¿Por eso no ha venido?". Estas preguntas las dirigió Esperanza Aguirre en 2006 a la madre de la escritora extremeña Dulce Chacón con motivo de la inauguración  de una colegio en Fuenlabrada que lleva su nombre. La escritora había fallecido en Madrid el 8 de diciembre de 2003. Sin comentarios.

   "Yo destapé la trama Gurtel" (YAHOO! NOTICIAS).

   "Los poderes públicos tienen la obligación de impulsar la práctica del golf" (Diario El Público).

   "Es una mala noticia para la Comunidad de Madrid que la sede de una multinacional eléctrica española se translade fuera del territorio nacional". Esperanza Aguirre afirma esto en una nota de 12 de septiembre de 2005 en referencia a la posibilidad de la ubicación de ENDESA en Barcelona, a la que considera por lo visto territorio extranjero. Tal vez, Esperanza Aguirre se adelantó al futuro y está convencida de que Cataluña alcanzará su independencia.

   "La educación debe servir para que los niños aprendan a sumar, a leer y la historia verdadera, no la que inventen los nacionalistas". "España es una gran nación, con 3000 años de historia. Es lo que tienen que saber los niños" (Diario.es). "Cataluña nunca fue independiente, pese a lo que se enseña en las escuelas y por tanto no se pueden establecer paralelismos con Escocia que, durante muchos años, fue un reino independiente de Gran Bretaña" (Diario.es).

   Estas últimas afirmaciones de Esperanza Aguirre, aunque también son auténticas "perlas", nos producen también un poco de preocupación porque es también lo que piensan muchos políticos españoles, incluidos también algunos políticos de izquierdas. Por ello, nos permitimos formular algunas observaciones o más bien algunas preguntas sobre las mismas.

   Primera.-  ¿Cuando Esperanza Aguirre dice que hay que enseñar a los niños que España ya era una nación hace 3000 años, está queriendo decir que España ya era entonces una unidad política, incluso, por ejemplo, en la época celtibérica y romana?

   Segunda.-  ¿Cuando Esperanza Aguirre se refiere a que los niños no deben aprender la historia que inventen los nacionalistas, se está refiriendo también a los nacionalistas españoles? Porque uno recuerda perfectamente que, en su años de estudiante, la historia que se enseñaba en los centros y colegios de enseñanza se refería casi exclusivamente a la historia de Castilla (perdón, de España), con todo el respeto y admiración que nos merece el pueblo castellano y su historia, y poco o nada se nos enseñaba respecto, por ejemplo, de la Corona de Aragón, de sus lenguas de su territorio (reino de Aragón, principado de Cataluña, reinos de Valencia y Mallorca, etc.), de su cultura, de su expansión mediterránea, de la financiación del viaje de Colón por el valenciano Lluis Santángel, etc. ¿Es que esa parte de historia no era historia de España? También recuerda uno muy bien las "multas" que, en la escuela primaria de nuestros pueblos, se imponían a los alumnos y alumnas que osaban hablar entre ellos en valenciano o cuando las mujeres y hombres huertanos que, prácticamente, solo sabían expresarse en valenciano, se dirigían a los funcionarios publicos para tramitar algún asunto y se les maltrataba diciéndoles que hablaran en "cristiano". ¿Es que las lenguas distintas del castellano no son lenguas igualmente españolas?¿Qué historia y qué cultura quieren los nacionalistas españoles que aprendan nuestros niños y niñas?¿A qué se refiere el ministro Wert cuando nos habla de "españolizar a los niños catalanes"? Las personas como Aguirre, Wert y tantos otros, tanto de derechas como de izquierdas, con su postura están haciendo que cada día aumenten los independistas.

   Tercera.- Dice también Esperanza Aguirre que Cataluña nunca fue independiente y que no se pueden establecer paralelismos con Escocia (no sabemos si intencionadamente se olvida de Quebec) la cual, durante muchos años fue un reino independiente de la Gran Bretaña.

   Efectivamente, es cierto que Escocia fue un reino independiente hasta la firma del Acta de Unión, en 1707, mediante la cual desparecen el reino de Inglaterra y el reino de Escocia y se crea el reino de Gran Bretaña, estableciendo el Parlamento del Reino Unido con sede en Westminster.

   No queremos hablar aquí de Cataluña, de si el condado de Barcelona y el resto de condados catalanes, primero dentro de la Marca Hispánica, dependiente de la monarquía carolingia francesa, y después desvinculados de ésta, fueron o no un estado o varios estados independientes, pero si lo que nos quiere decir Esperanza Aguirre es que lo de Escocia le parece normal y correcto, es decir, si está de acuerdo con el pacto firmado por David Cameron, primer ministro británico, y Alex Salmond, ministro principal de Ecocia, en cuanto a  la celebración de un referéndum en Escocia sobre su independencia y la aceptación por ambas partes del resultado del mismo sea el que sea, le proponemos a la política madrileña algo hipotético.Y es lo siguiente:

    Sin necesidad de retrotraernos a antecedentes más remotos, cuando Aragón era un condado, ni siquiera al momento histórico clave del matrimonio de Petronila, hija del rey de Aragón Ramiro II el Monje, y del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, la gran mayoría de historiadores consideran que el nacimiento de la Corona de Aragón tiene lugar con Alfonso II el Casto, hijo de los citados, el cual juró el cargo de conde de Barcelona en 1163, accediendo a la corona del reino de Aragón por renuncia de su madre en 1164.

   Desde 1164, la Corona de Aragón, en sus orígenes constituida básicamente por el reino de Aragón y el principado de Cataluña (el conde Barcelona  pasó a llamarse príncipe) y, posteriormente, ampliando su territorio con sucesivas incorporaciones (Valencia, Mallorca, expansión mediterránea, etc.), fue durante siglos un estado independiente sin ningún tipo de dudas. Ni siquiera la tan cacareada por algunos "unidad de España" de los Reyes Católicos fue tal, ya que fue una unidad dinástica que se rompió al fallecer Isabel, dado que Fernando continuó siendo rey de Aragón y su yerno, Felipe I el "Hermoso", rey de Castilla. Si bien Carlos I, nieto de Isabel y Fernando, heredó las coronas de Castilla y Aragón, la Corona de Aragón gozó de plena autonomía hasta la llegada del primer Borbón, Felipe de Anjou, al trono de España, en 1707.

   Dicho esto, y en la línea que parece mantener la señora Aguirre, nos permitimos preguntarle: ¿En la hipótesis de que la mayoría de los ciudadanos de los territorios que formaban la Corona de Aragón, dado que históricamente sí fue un estado independiente durante varios siglos, decidiesen celebrar por mayoría un referéndum sobre su independencia y formación de un estado propio, y su resultado fuese a favor de la misma, ¿aceptaría tal resultado? Sabemos que lo que planteamos en una mera quimera, una utopía, pero estamos seguros de que los nacionalistas españoles jamás darían el brazo a torcer.

   Por ello, nos atrevemos a decirle a Esperanza Aguirre que, por favor, no nos haga reír con sus manifestaciones.

-o-o-o-o-o-o-o-

                                                                         


  

¿Es legal la huelga del 14-N?

   Para mañana, día 14 de noviembre, está convocada una huelga general en España por los principales sindicatos de trabajadores, a la que se han adherido diversos colectivos sociales tales como intelectuales, gente del mundo de la cultura, profesores, estudiantes, autónomos, alguna asociación de jueces y magistrados, etc., todo ello en el ámbito también de una "lucha europea" contra la política de ajustes y recortes que se está llevando a cabo en los países de la Unión Europea.

   Siempre que en nuestro país se da una convocatoria de huelga general, se plantea el problema de su posible legalidad o ilegalidad.

   Como todos sabemos, en España el derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución de 1978, que textualmente dice: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses ...".

   Lo procedente, después de ser aprobada la actual Constitución, hubiera sido que se hubiera desarrollado, como ha ocurrido en otras materias, el derecho de huelga mediante una ley orgánica. Lamentablemente, ello no ha tenido lugar hasta la fecha, tal vez por la falta de entendimiento y de consenso entre los partidos políticos y las oraganizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores.

   Por tal razón, en España, la regulación de la huelga se encuentra en una norma preconstitucional, el Real Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo, de 4 de marzo de 1977. Por tratarse de una norma preconstitucional este texto legal fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, la cual, si bien declaró insconstitucionales algunos de los preceptos del referido Decreto-Ley, no lo hizo con el resto, tratándose más bien de una sentencia interpretativa, lo que significa que los preceptos que siguen vigentes deben aplicarse a la luz de la sentencia de nuestro Alto Tribunal antes citada y a las posteriores sobre la misma materia.

   Ante la presente convocatoria de huelga general, la presidenta del Partido Popular de Madrid y ex-presidenta de la Comunidad Autómoma de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la huelga del 14-N tiene un "carácter político", acusando a sus convocantes de no tener legitimidad y de hacer un "uso torticero del derecho de huelga". En el blog que Esperanza Aguirre ha abierto en la web del Partido Popular de Madrid ha comentado que, con la legislación vigente, la huelga del 14-N debería estar prohibida porque "está fuera de toda duda que tiene un carácter politico", citando el artículo 11 del Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, según el cual la huelga es ilegal cuando "se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". 

   Esperanza Aguirre considera, además, que la huelga general que se pretende llevar a cabo es política porque "lo que se pretende con la huelga general es que el Gobierno, legitimado para dirigir la política económica de la Nación, cambie esa política en la línea que le marcan los convocantes".

   Ante este estado de la cuestión, hemos considerado oportuno traer a colación cuáles son las posiciones tanto de la doctrina de autores como de los propios Tribunales.

   Así, en el campo doctrinal, autores de prestigio como DURÁN, MARTÍN VALVERDE, OJEDA, RAMÍREZ, RODRÍGUEZ PIÑERO, SALA y DE LA VILLA, se han manifestado por la constitucionalidad de las huelgas políticas, a la vista del artículo 28.2 de la Constitución. Sus argumentos más importantes a favor de la constitucionalidad de las huelgas políticas son los siguientes:

   Primero.- La literalidad del artículo 28.2 de la Constitución que reconoce el derecho de huelga a los trabajadores "para la defensa de sus intereses" en un sentido enormemente amplio y no restrictivo.

   Segundo.- Una interpretación sistemática del artículo 28.2 de la Constitución. Por un lado, su ubicación en la Sección I del Capítulo II del Título II de la Constitución, es decir, entre las "libertades públicas", protegidas como derechos públicos subjetivos de eficacia "erga omnes", o sea, que deben ser reconocidos y respetados por todos, entre ellos las altas instancias políticas. Y, por otro lado, la existencia del artículo 37.2 de la propia Constitución que reconoce el "derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo", proporcionando por vía indirecta un significado del artículo 28.2 que incluye las huelgas políticas.

   Tercero.- Una interpretación teleológica o finalista del artículo 28.2 de la Constitución a la luz de las cláusulas generales del texto constitucional, sobre todo la cláusula "Estado social y democrático" y la que hace referencia a la "efectividad de los valores de la libertad e igualdad".

   Cuarto.- Por último, el artículo 10.2 de la Constitución señala que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas (y el derecho de huelga lo es) que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre las mismas materias ratificados por España". Y aquí nos encontramos con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que admite la licitud de la huelga política con transcendencia laboral, es decir, "la dirigida contra la política del Gobierno ... que había tomado una medida que tenía que ver con las relaciones de trabajo".

   En definitiva, en opinión de los citados autores, se trata de restringir al máximo la posibilidad de ilicitud de la huelga, ilicitud únicamente admisible cuando la huelga signifique una ataque a las instituciones democráticas, es decir, cuando se trate de una huelga revolucionaria o insurreccional.

   Respecto a la posición de los Tribunales sobre la cuestión que nos ocupa, nos referimos brevemente a algunas sentencias de los mismos.

   En la STCT de 2 de noviembre de 1987, en relación con la huelga general de 2 de junio de 1985 (gobierno del socialista Felipe González), convocada por los sindicatos para protestar contra el Proyecto de ley de pensiones del Gobierno, se señala que "entiende la Sala que la ilegalidad que declara la aludida norma (Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977) queda exclusivamente a las huelgas que ofrezcan un significado esencialmente político, por presentar finalidad ajena a los intereses que son propios de la categoría de trabajadores. Consiguientemente, el hecho de que la huelga obedezca al móvil de protestar contra decisiones de los poderes públicos, cuando éstos afectan de manera directa al interés profesional de los trabajadores, no produce, como consecuencia necesaria, que tales huelgas sean ilícitas, salvo naturalmente, que en su manifestación se lesionen otros intereses que sean vitales en una sociedad democrática. Tal conclusión encuentra apoyo en diversas decisiones del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O.I.T.".

   De forma similar se manifestaron las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1989 y de 1 de febrero de 1991 y la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1993, de 8 de febrero, en relación con la legalidad de la huelga general de 14 de diciembre de 1988 (también gobernando, por cierto, el socialista Felipe González). El Tribunal Supremo entendió que "lo limitado de su preanunciada duración temporal y el contenido de sus peticiones, referido, en sustancia, al ámbito general de las relaciones laborales, sin ulteriores, ocultas o distintas finalidades, que no fuesen las de obtener mejoras en dichas relaciones, la integran plenamente en el campo de protección del derecho de huelga en su dimensión constitucional". El Tribunal Constitucional, en relación con la misma huelga general, señaló que "no parece muy correcto decir que la expresión interés profesional contenida en el artículo 11.a) del Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977 pueda o permita expulsar del campo de la huelga lícita una huelga como la del 14 de diciembre, atendidas las reivindicaciones por las que se convocó, que muy difícilmente pueden considerarse a jenas a los intereses, si se quiere profesionales, de los trabajadores".

   En consecuencia, pues, si tenemos en cuenta que la huelga general del 14-N, con independencia de que alguien quiera llamarla huelga política o no, es una protesta frente a la actuación del Gobierno de España (y de otros países europeos) por las medidas que éste viene tomando de reducción de salarios, de recortes en la protección social, en materia de reforma laboral con menoscabo de los derechos de los trabajadores, en la eliminación del estado de bienestar, etc., es decir, que no se trata de una huelga "revolucionaria o insurreccional", se llega a la conclusión de que dicha huelga es plenamente legal.

-o-o-o-o-o-o-

La jeraquía católica española ante los desahucios

   De todos es archiconocido, a través de los diversos medios de comunicación, el terrible drama humano que están viviendo miles y miles de ciudadanos en España y sus familias, como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

   Desde el año 2008, desde el inicio de la crisis actual, hasta la fecha, han tenido lugar en nuestro país más de 350.000 desahucios. Actualmente, según datos de la "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", se producen en España 566 desahucios cada día. El sindicato Comisiones Obreras informa que en la Comunidad de Madrid los desahucios han aumentado, desde 2008, un 144%. Todo ello nos da idea de la dimensión y de la gravedad del problema.

   Ante esta delicada situación, es obvio que todos nos preguntemos cómo han reaccionado y cómo están reaccionando los distintos sectores de la sociedad española.

   En lo referente a los políticos, la verdad es que hasta la fecha su actuación y reacción frente a esta situación ha sido más bien escasa y nada efectiva, lo cual acrecienta aún más la gran frustación de los españoles en relación a la clase política.

   El gobierno del Partido Popular, a través del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha implantado el llamado "Código de Buenas Prácticas", el cual, a nuestro modo de ver, ha constituido un rotundo fracaso, dado su carácter voluntario en cuanto a su aplicación por las entidades financieras y porque el mismo es de aplicación muy estricta al ser bastante exigente respecto a las condiciones que deben cumplir los afectados, por lo que han sido y son muy pocos los ciudadanos que pueden acogerse a tales medidas.

   Durante estos días se ha conocido la "buena noticia" de que el Partido Popoular y el Partido Socialista van a intentar consensuar una norma que permita al menos paliar el problema. Veremos en que queda todo ello.

   Los sindicatos UGT y CC.OO en Andalucía están preparando una Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso de los Diputados acepte la "dación en pago" de la vivienda de manera que las entidades financieras "paguen su responsabilidad por especular".

   Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario IU-ICV-CHA, ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias contra los desahucios. Asimismo, el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición de ley con la que pretende "parar" los desahucios al permitir renegociar la deuda con las entidades financieras como se hace con las empresas.

   Un grupo de siete jueces, por encargo del Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado un informe en el que denuncian los abusos del sistema legal de desahucios español, proponiendo toda una serie de medidas  o "soluciones escepcionales", hasta un total de dieciocho, entre ellas poder otorgar moratorias en el pago de las cuotas en casos como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad, etc., y también que la dación en pago signifique que, con la entrega de la vivenda, se cancele el crédito. Plantean también que se establezca un mecanismo que permita al deudor permanecer en su vivenda satisfaciendo un canon, etc. Lamentablemente, el Consejo General del Poder Judicial se ha desmarcado de este informe.

   También, en el plano judicial, hay que decir que varios jueces, en algunas Comunidades Autónomas, están intentando sortear la dura ley del desahucio con "veredictos vanguardistas", aunque muchos de ellos, por desgracia, son anulados por instancias superiores.

   Muchos colectivos y grupos de ciudadanos y movimientos sociales de todo tipo están llevando a cabo acciones y protestas en defensa de los desahuciados y exigiendo un cambio de normativa que evite los mismos.

   Todos sabemos la enorme influencia y "poder" que la Iglesia católica ha ostentado y continúa ostentando en España, además de proclamarse seguidora de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Así como en algún blog anterior hemos hecho referencia a la postura de la Iglesia española en temas tales como la reforma laboral, es lógico que nos preguntemos cuál es la actitud de la misma ante un problema tan acuciante como el de los desahucios que afecta a tantos y tantos ciudadanos españoles.

   Es verdad que, afortunadamente, en el seno de la Iglesia católica española se dan actitudes muy encomiables. A título de ejemplo, nos referimos a algunas de ellas.

   El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, considera que los desahucios son "algo inmoral" y que "estamos viendo como los bancos continúan desalojando familias de sus hogares, al mismo tiempo que estas entidades financieras acumulan decenas de miles de pisos vacíos que no son capaces de vender ni alquilar". "Es algo inmoral, al mismo tiempo que absurdo", añade el prelado vasco

   El teólogo José Antonio Pagola afirma, entre otras cosas, en una entrevista reciente: "Se nos ha dicho: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ". "¿Cómo se hace compatible esto con la implicación social y el compromiso en casos, por ejemplo, como las protestas ante los desahucios y los abusos de la banca? La Iglesia jerárquica no vive indignada como Jesús. Sin embargo debería ser centinela sensible al sufrimiento de los débiles, que sale instintivamente en su defensa, animando a las comunidades cristianas a estar cerca de quienes necesitan ayuda para vivir con dignidad: los parados, las familias sin ingreso alguno, los desahuciados, los inmigrantes excluidos de la asistencia sanitaria...".

   Pepe Reig, por su parte, nos dice: "Vimos hace años a los obispos salir a la calle en cruzada contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se trataba de imponer contenidos religiosos a todos los alumnos... o puede que solo se quisiera impedir que los hijos de la democracia fueran educados en los valores de la democracia... Allí estaban ellos en compañía del partido hermano, el PP, invadiendo las aceras. Los vimos también vociferando contra el derecho de los homosexuales al matrimonio... Francamente, uno esperaba verlos salir indignados contra los desahucios, contra la eliminacióm de las barreras de protección de los humildes ante el infortunio y la explotación... Resulta evidente que la Iglesia de los pobres se ha vuelto invisible cuando los pobres más la necesitan. ¿Qué les pasa a los obispos?¿Qué le preocupa hoy a esa jerarquía, tan activista en otro tiempo?".

   Y Patrocinio Navarro, en su artículo titulado ¿Por qué calla la Iglesia?, afirma, entre otras cosas, que, "en la dolorosa situación por la que atraviesan algunos pueblos de Europa. como el nuestro, llama la atención el silencio clamoroso de una Iglesia que contempla indiferente y silenciosa como se hunde el país y aumentan los desahucios, la pobreza infantil y el hambre entre las familias". "¿Acaso puede llamarse cristiana una Iglesia que calla ante los atropellos a los pobres y desfavorecidos y no abre sus arcas para dar en lugar de sus manos para recibir?".

   Y, ¿cuál ha sido hasta el momento la actitud del más alto representante de la jerarquía católica en España, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio María Rouco Varela?

   Según algunos medios de comunicación, recientemente permitió el desalojo por parte de la policia de varias personas que habían sufrido el desahucio de sus viviendas, de la catedral de la Almudena. ¿Es ésta la ayuda que esperaban los afectados de una iglesisa que se llama seguidora de Cristo?

   Además, en una entrevista de hace pocos días en la COPE, el Cardenal Arzobispo de Madrid, ante la grave situación social que sufren los desahuciados, manifestó que "La ayuda que van a encontrar la van a tener por un camino o por otro, deben sentir que estamos muchos preocupados por ellos, que queremos ayudarles de una manera eficaz y se está haciendo, que se reza por ellos, es muy importante rezar, el señor les va ayudar". Rezar y pedir a Dios por los necesitados es muy legítimo y está muy bien pero, sinceramente, ¿cree el Presidente de la Conferencia Episcopal que solo con ello se arregla el problema?

   No es que seamos muy optimistas respecto de lo que podemos esperar de nuestros políticos en la cuestión que nos ha ocupado, pero, si fuéramos parte de los desahuciados, ¿habría motivos para la esperanza, para creer en una solución o mejora de nuestra situación ante la postura de la jerarquía católica española?¿De verdad la jerarquía católica española está al lado de los necesitados, obligación que parece desprenderse de las enseñanzas de Jesús?

-o-o-o-o-o-o-