De sobra es conocida la brillante carrera política del
madrileño Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. Nacido el 11 de diciembre de
1958, es hijo del abogado José María Ruiz Gallardón, estudió el Bachillerato en
el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, perteneciente a los jesuitas, y se
licenció en Derecho por la Universidad del CEU San Pablo, adscrita entonces a
la Universidad Complutense de Madrid. Ganó las oposiciones a Fiscal en 1982,
con el número 2, y prestó servicios en la Audiencia Provincial de Málaga,
encontrándose actualmente en excedencia. Está casado con María del Mar Utrera,
hija del insigne falangista Utrera Molina que fue Ministro del Gobierno
del General Franco.
En relación a su currículum como político hay que decir que ha sido concejal electo del Ayuntamiento de Madrid, miembro de la ejecutiva de Alianza Popular, diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente y portavoz de Alianza Popular, portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alcalde de Madrid, si bien dejó el Ayuntamiento más endeudado de España, siendo nombrado Ministro de Justicia por Mariano Rajoy, cargo que ostenta en la actualidad.
A lo largo de su ya dilatada vida política, Gallardón siempre había sido considerado por los españoles un político centrado y moderado, con un talante abierto y dialogante, llegando incluso a hacer públicamente una autocrítica de su propio partido, el Partido Popular.
Como Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, mantuvo una postura dialogante con las organizaciones sindicales y patronales y, en el año 2006, según una encueta del diario ABC, fue una de los políticos mejor valorados de toda España, a quien se le auguraba un futuro muy prometedor en el campo de la política. Con todo, llegó a tener que soportar alguna que otra crítica bastante dura de los sectores más conservadores y reaccionarios de su propio partido, que lo acusaban por su carácter "progresista".
Pero, una vez nombrado Ministro de Justicia por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón parece que ha dado un giro de 360 grados en su forma de actuar como político.
¿Qué ha hecho o pretende hacer Gallardón como Ministro de Justicia?
En palabras de la periodista María Peral, Gallardón ha removido o intenta remover todos los cimientos de la justicia en España. Son muchísimos los puntos o materias que nuestro actual Ministro de Justicia quiere reformar en el campo de la Justicia, introduciendo cambios de enorme calado y transcendencia. A guisa de ejemplo, se pueden citar las siguientes materias en las que va a incidir la reforma que pretende aplicar nuestro Ministro de Justicia:
La ley del aborto.- Se trata de un tema arduo y polémico, muy difícil y sujeto a fuertes debates, pero el anuncio de Gallardón de que las malformaciones del feto ya no será uno de los supuestos en los que se permita abortar, ha ocasionado una serie de críticas, no solo desde sectores progresistas o de izquierdas sino incluso de los jueces y magistrados conservadores. Según el diario digital PÚBLICO, a juicio de Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, el Ministro intenta "desviar" las críticas a su gestión "creando una crispación en la ciudadanía sobre cuestiones éticas de la importancia del aborto". Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la moderada Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, se ha mostrado sorprendido, también según el citado medio de comunicación, ante la innecesaria reforma, por entender que "el aborto por malformación del feto era una "cuestión pacífica", que se estableció hace años sin que haya generado ningún problema".
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre.- Por este texto legal se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y que, desde el 21 de noviembre de 2012, los ciudadanos ha tenido que asumir, cuando realmente estas tasas solamente las abonaban las personas jurídicas (algunas empresas, por ejemplo, etc.).
Para hacernos una idea del cambio que supone la reforma en esta materia, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, a propuesta del Ministro de Justicia Gallardón, y que va a suponer un aumento de las cargas que van a tener que soportar los ciudadanos, veamos algunos ejemplos:
Multa de tráfico de 100 euros.- Si el ciudadano sancionado acude a la jurisdicción contencioso administrativa, le costará 200 euros en tasas judiciales, es decir, más que la propia multa, doscientos euros que ya no recuperará aunque la sentencia le sea favorable. Pero, si la sentencia le es adversa y quiere acudir a un tribunal superior, las tasas serán de 800 euros, y si llega hasta el Tribunal Supremo, serán de 1.200 euros (recordemos que la multa era de 100 euros. ¿Esto constituye afán recaudatorio o es un medio de conseguir que los ciudadanos no "incordien" a la justicia y hagan dejadez de sus derechos?
Reclamar un vuelo cancelado.- Si se cancela un vuelo sin motivos y causa perjuicios al pasajero valorados en 2.500 euros, éste podrá reclamarlos en el juzgado, abonando unas tasas por importe de 312,5 euros.
Pensión por divorcio.- En un divorcio con reclamación de pensión de 200 euros mensuales, se tendrá que abonar unas tasas de 812 euros hasta el recurso de apelación.
Recurrir un despido improcedente.- Un trabajador que no esté de acuerdo con su despido por considerarlo improcedente, si quiere recurrirlo ante la jurisdicción social tendrá que abonar 500 euros de tasas judiciales. Si recurre esta sentencia las tasas ascenderán a 800 euros y si llega hasta el Tribunal Supremo tendrá que abonar por tal concepto 1.200 euros. Desde muchísimos años, los trabajadores han estado exentos de pagar este tipo de tasas. La nueva ley hará, sin ningún género de dudas, que muchos trabajadores desistan de iniciar o continuar los trámites judiciales en el supuesto que se está contemplando. Y esto es de una gran importancia dado que era la vía judicial social la única posibilidad de la que gozaban los trabajadores para contrarrestar los perniciosos efectos a los que está dando lugar el abuso que se está cometiendo en la aplicación de la tan criticada reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Reclamar una factura.- Si un ciudadano se encuentra con una factura errónea de teléfono, luz o gas, por valor de 80 euros, recurrir a la vía judicial le supondrá un gasto de 200 euros por tasas judiciales.
El Gobierno ha intentado hacer ver a los ciudadanos que iba a paliar en parte los efectos de la aprobación de las tasas judiciales, aprobando recientemente el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio, elevando el umbral de renta de los solicitantes de la justicia gratuita y eximiendo de la necesidad de acreditar insuficiencia de recursos a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, a los discapacitados psíquicos, los sindicatos y las personas con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños. Esta medida que, en principio, parece loable encierra una pequeña trampa ya que dicho anteproyecto de ley no supone la paralización inmediata de los pagos en procesos civiles y la justicia gratuita que contempla el mismo para los casos citados tardará al menos un año para su aplicación efectiva.
Como era lógico y era de esperar, las tasas judiciales impuestas por Gallardón no han sido bien recibidas por los ciudadanos y tampoco, de una forma muy especial, por gran parte del mundo de la justicia. He aquí un botón de muestra:
La Asociación de Consumidores FACUA entiende que la nueva ley de tasas judiciales abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar la decisión del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento vía judicial.
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha quejado de la nueva ley porque considera que con la misma se les convierte en "meros recaudadores" y va en contra de la ciudadanía.
El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados, han decido aunar sus esfuerzos con el objeto de conseguir que se declare inconstitucional la nueva ley de tasas judiciales.
También la Asociación de Jueces para la Democracia se opone a la imposición de cualquier tarifa.
Pero lo más chocante es que, incluso dentro del Partido Popular, también hay alguna voz discordante. Según los medios de comunicación, el abogado y concejal del Partido Popular en Carballo (A Coruña), Juan Carlos Castro y Pombo, ha sido muy duro con el Ministro de Justicia, al decir que Alberto Ruiz-Gallardón es el "peor ministro de Justicia" y ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que recurra las nuevas tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.
La reforma del Código Penal.- Ruiz-Gallardón ha presentado también en el Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal. Dicha reforma, de llevarse a cabo, es considerada por muchos expertos como la reforma más dura de nuestro Código Penal.
Entre otras modificaciones, el nuevo texto incluye la "prisión permanente revisable" para cierto tipo de delitos, para proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos "delitos que causan una especial repulsa social". Este tema también está dando lugar a una gran controversia en el campo del Derecho Penal en España.
Dicho todo esto, la verdad es que existe en nuestro país una importantísima y cualificada oposición a las medidas que pretende implantar o ya está implantando Ruiz-Gallardón en el campo de la Justicia. El diario El País, el pasado mes de diciembre de 2012, informaba que un total de 18 colectivos de la justicia (entre ellos las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía) se unían para rechazar a Gallardón como interlocutor, presentando un manifiesto en contra de sus reformas, según el cual consideran que la política del Ministro de Justicia es un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos.
Ante este estado de cosas es por lo que nos atrevemos a preguntar: _ ¿Quo vadis, Gallardón?
Posiblemente, todavía se esté a tiempo de encauzar la situación. Nadie duda de que la justicia en España debe reformarse en muchos aspectos, pero hágase en una línea de diálogo y consenso y, sobre todo, sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre los que ocupa un lugar primordial el "derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales...sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión", que reconoce el artículo 24.1 de nuestra Constitución.
En relación a su currículum como político hay que decir que ha sido concejal electo del Ayuntamiento de Madrid, miembro de la ejecutiva de Alianza Popular, diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidente y portavoz de Alianza Popular, portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alcalde de Madrid, si bien dejó el Ayuntamiento más endeudado de España, siendo nombrado Ministro de Justicia por Mariano Rajoy, cargo que ostenta en la actualidad.
A lo largo de su ya dilatada vida política, Gallardón siempre había sido considerado por los españoles un político centrado y moderado, con un talante abierto y dialogante, llegando incluso a hacer públicamente una autocrítica de su propio partido, el Partido Popular.
Como Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, mantuvo una postura dialogante con las organizaciones sindicales y patronales y, en el año 2006, según una encueta del diario ABC, fue una de los políticos mejor valorados de toda España, a quien se le auguraba un futuro muy prometedor en el campo de la política. Con todo, llegó a tener que soportar alguna que otra crítica bastante dura de los sectores más conservadores y reaccionarios de su propio partido, que lo acusaban por su carácter "progresista".
Pero, una vez nombrado Ministro de Justicia por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón parece que ha dado un giro de 360 grados en su forma de actuar como político.
¿Qué ha hecho o pretende hacer Gallardón como Ministro de Justicia?
En palabras de la periodista María Peral, Gallardón ha removido o intenta remover todos los cimientos de la justicia en España. Son muchísimos los puntos o materias que nuestro actual Ministro de Justicia quiere reformar en el campo de la Justicia, introduciendo cambios de enorme calado y transcendencia. A guisa de ejemplo, se pueden citar las siguientes materias en las que va a incidir la reforma que pretende aplicar nuestro Ministro de Justicia:
La ley del aborto.- Se trata de un tema arduo y polémico, muy difícil y sujeto a fuertes debates, pero el anuncio de Gallardón de que las malformaciones del feto ya no será uno de los supuestos en los que se permita abortar, ha ocasionado una serie de críticas, no solo desde sectores progresistas o de izquierdas sino incluso de los jueces y magistrados conservadores. Según el diario digital PÚBLICO, a juicio de Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, el Ministro intenta "desviar" las críticas a su gestión "creando una crispación en la ciudadanía sobre cuestiones éticas de la importancia del aborto". Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la moderada Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, se ha mostrado sorprendido, también según el citado medio de comunicación, ante la innecesaria reforma, por entender que "el aborto por malformación del feto era una "cuestión pacífica", que se estableció hace años sin que haya generado ningún problema".
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre.- Por este texto legal se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y que, desde el 21 de noviembre de 2012, los ciudadanos ha tenido que asumir, cuando realmente estas tasas solamente las abonaban las personas jurídicas (algunas empresas, por ejemplo, etc.).
Para hacernos una idea del cambio que supone la reforma en esta materia, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, a propuesta del Ministro de Justicia Gallardón, y que va a suponer un aumento de las cargas que van a tener que soportar los ciudadanos, veamos algunos ejemplos:
Multa de tráfico de 100 euros.- Si el ciudadano sancionado acude a la jurisdicción contencioso administrativa, le costará 200 euros en tasas judiciales, es decir, más que la propia multa, doscientos euros que ya no recuperará aunque la sentencia le sea favorable. Pero, si la sentencia le es adversa y quiere acudir a un tribunal superior, las tasas serán de 800 euros, y si llega hasta el Tribunal Supremo, serán de 1.200 euros (recordemos que la multa era de 100 euros. ¿Esto constituye afán recaudatorio o es un medio de conseguir que los ciudadanos no "incordien" a la justicia y hagan dejadez de sus derechos?
Reclamar un vuelo cancelado.- Si se cancela un vuelo sin motivos y causa perjuicios al pasajero valorados en 2.500 euros, éste podrá reclamarlos en el juzgado, abonando unas tasas por importe de 312,5 euros.
Pensión por divorcio.- En un divorcio con reclamación de pensión de 200 euros mensuales, se tendrá que abonar unas tasas de 812 euros hasta el recurso de apelación.
Recurrir un despido improcedente.- Un trabajador que no esté de acuerdo con su despido por considerarlo improcedente, si quiere recurrirlo ante la jurisdicción social tendrá que abonar 500 euros de tasas judiciales. Si recurre esta sentencia las tasas ascenderán a 800 euros y si llega hasta el Tribunal Supremo tendrá que abonar por tal concepto 1.200 euros. Desde muchísimos años, los trabajadores han estado exentos de pagar este tipo de tasas. La nueva ley hará, sin ningún género de dudas, que muchos trabajadores desistan de iniciar o continuar los trámites judiciales en el supuesto que se está contemplando. Y esto es de una gran importancia dado que era la vía judicial social la única posibilidad de la que gozaban los trabajadores para contrarrestar los perniciosos efectos a los que está dando lugar el abuso que se está cometiendo en la aplicación de la tan criticada reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Reclamar una factura.- Si un ciudadano se encuentra con una factura errónea de teléfono, luz o gas, por valor de 80 euros, recurrir a la vía judicial le supondrá un gasto de 200 euros por tasas judiciales.
El Gobierno ha intentado hacer ver a los ciudadanos que iba a paliar en parte los efectos de la aprobación de las tasas judiciales, aprobando recientemente el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio, elevando el umbral de renta de los solicitantes de la justicia gratuita y eximiendo de la necesidad de acreditar insuficiencia de recursos a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, a los discapacitados psíquicos, los sindicatos y las personas con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños. Esta medida que, en principio, parece loable encierra una pequeña trampa ya que dicho anteproyecto de ley no supone la paralización inmediata de los pagos en procesos civiles y la justicia gratuita que contempla el mismo para los casos citados tardará al menos un año para su aplicación efectiva.
Como era lógico y era de esperar, las tasas judiciales impuestas por Gallardón no han sido bien recibidas por los ciudadanos y tampoco, de una forma muy especial, por gran parte del mundo de la justicia. He aquí un botón de muestra:
La Asociación de Consumidores FACUA entiende que la nueva ley de tasas judiciales abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar la decisión del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento vía judicial.
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha quejado de la nueva ley porque considera que con la misma se les convierte en "meros recaudadores" y va en contra de la ciudadanía.
El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados, han decido aunar sus esfuerzos con el objeto de conseguir que se declare inconstitucional la nueva ley de tasas judiciales.
También la Asociación de Jueces para la Democracia se opone a la imposición de cualquier tarifa.
Pero lo más chocante es que, incluso dentro del Partido Popular, también hay alguna voz discordante. Según los medios de comunicación, el abogado y concejal del Partido Popular en Carballo (A Coruña), Juan Carlos Castro y Pombo, ha sido muy duro con el Ministro de Justicia, al decir que Alberto Ruiz-Gallardón es el "peor ministro de Justicia" y ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que recurra las nuevas tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.
La reforma del Código Penal.- Ruiz-Gallardón ha presentado también en el Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal. Dicha reforma, de llevarse a cabo, es considerada por muchos expertos como la reforma más dura de nuestro Código Penal.
Entre otras modificaciones, el nuevo texto incluye la "prisión permanente revisable" para cierto tipo de delitos, para proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos "delitos que causan una especial repulsa social". Este tema también está dando lugar a una gran controversia en el campo del Derecho Penal en España.
Dicho todo esto, la verdad es que existe en nuestro país una importantísima y cualificada oposición a las medidas que pretende implantar o ya está implantando Ruiz-Gallardón en el campo de la Justicia. El diario El País, el pasado mes de diciembre de 2012, informaba que un total de 18 colectivos de la justicia (entre ellos las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía) se unían para rechazar a Gallardón como interlocutor, presentando un manifiesto en contra de sus reformas, según el cual consideran que la política del Ministro de Justicia es un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos.
Ante este estado de cosas es por lo que nos atrevemos a preguntar: _ ¿Quo vadis, Gallardón?
Posiblemente, todavía se esté a tiempo de encauzar la situación. Nadie duda de que la justicia en España debe reformarse en muchos aspectos, pero hágase en una línea de diálogo y consenso y, sobre todo, sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre los que ocupa un lugar primordial el "derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales...sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión", que reconoce el artículo 24.1 de nuestra Constitución.
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