dimecres, 23 de maig del 2012

¿Brecha en la Iglesia Católica en España ante la crisis actual y las reformas del Gobierno?

    En mi blog de 7 de marzo, al referime a "La Iglesia Católica en España y la reforma laboral", manifesté que muchos valencianos echábamos en falta la voz autorizada de la jerarquía católica valenciana sobre dicha cuestión. Hoy, gustosamente, me veo obligado a rectificar.

   Efectivamente, para los que creemos en valores tales como la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y el amor, nos han sorprendido gratamente las palabras pronunciadas recientemente por el Arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, en el foro de debate que organiza el Club Diario Levante.

   Monseñor Osoro ha dicho, entre otras cosas, que "solo con los recortes no se arreglan las cosas", que "no bastan medidas técnicas ante la crisis ya que la economía ha de apoyarse en una ética que haga posible el desarrollo humano", y que "hay que recuperar la Civilización del Amor basada en la solidaridad, la caridad y la justicia, un antídoto contra el egoísmo". Asimismo, Carlos Osoro defiende el derecho de los inmigrantes a la sanidad pública.

   Estas palabras del Arzobispo de Valencia están en consonancia con otras voces y otros sectores católicos. Vamos a referirnos a algunos de ellos.

   El Obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, dijo, no hace mucho, que la reforma laboral del Gobierno de España "rebaja los derechos de los trabajadores" y "busca establecer un mercado de trabajo en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo", afirmando también que "lo peor es que siempre los perdedores en el concierto social son los mismos siempre, los más débiles".

   La Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, tal vez la principal organización de pensadores católicos en España, considera que "la reforma laboral constituye otra agresión más al trabajo humano, rompe el frágil equilibrio conquistado históricamente entre capital y trabajo, se aleja del principio defendido por la Iglesia de prioridad del trabajo frente al capital, representa un nuevo golpe al derecho laboral, quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabjadores y trabajadoras, facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo y dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil".

   La mencionada asociación entiende que "la Iglesisa católica como institución y la jerarquía en su conjunto no han levantado la voz profética para denunciar a los verdaderos responsables, ni han mostrado la  necesaria solidaridad con quienes más están sufriendo".

   La organización Redes Cristianas, en la que se integran más de doscientos grupos, comunidades, movimientos católicos y personas, entre ellas varios economistas, busca dar respuesta a los grandes problemas que actualmente tiene planteados la sociedad y la Iglesia. Pues bien, esta organización considera que "con solo la austeridad económica sin inversión productiva y vergonzoso sometimiento a Merkel y los mercados, nunca saldremos en España de la recesión ni disminuirá el paro... Por ello, rechazamos las actitudes descalificadoras de algunos obispos, entre los que destaca Antonio Rouco, de Madrid".

   No es ésta, por el contrario, como muchos sabemos, y así lo señalan Redes Cristianas, entre otros, la postura oficial de la jerarquía católica española. Ya en su día, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el citado cardenal Antonio Rouco, dio orden, según noticia aparecida en los medios de comunicación, a su Vicario General para que desautorizara el documento de dos organizaciones católicas (las Juventudes Obreras Católicas -JOC- y las Hermandades Obreras de Acción Católica - HOAC-), las cuales manifestaron en un comunicado que la reforma laboral del Gobierno socavaba los derechos de las personas trabajadoras y de sus familiares, considerando monseñor Rouco improcedente la difusión de tal documento.

   A muchos ciudadanos nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo la actitud del Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Como nos sorprenden sus últimas declaraciones cuando asegura que si el Gobierno cambia la Ley de Mecenazgo y de Haciendas Públicas y obliga a la Iglesia católica a pagar el IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles), ello repercutirá en la labor social de Cáritas. No sabemos si esto es o no una amenza. Sin perjucio de reconocer la inestimable colaboración de la Iglesia católica, con sus 60.000 voluntarios y con los cientos de locales de parroquias y diócesis al servicio de Cáritas, hay que decir también que la Iglesia aporta solamente el 2% del presupuesto de Caritas, dependiendo el resto de las aportaciones del Estado y de donaciones particulares. Ante estas afirmaciones de monseñor Rouco, cabe hacerle un par de preguntas:


   Primera.- ¿Le parecería acorde con el mensaje evangélico que, ante la situación actual, muchos ciudadanos a los que se les han subido los impuestos o se les ha rebajado su salario, dejaran de contribuir a las ayudas sociales de todo tipo, negando a los más necesitados las ayudas que demandan, sin antes reducir o eliminar otros gastos superfluos o innecesarios?

   Segunda.- ¿Es éste el mensjaje que, en estos momentos, esperan los más débiles y necesitados de parte de los cristianos y, muy en especial, de la jerarquía católica?

   Muchos ciudadanos, desde luego, nos quedamos del lado de los monseñores Carlos Osoro y Antonio Algora, de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, de los  sindicatos y organizaciones cristianas de base referidas y de todas las organizaciones y personas, critianas o no, que anteponen ante todo la defensa de los derechos de los más débiles y necesitados.

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