A pesar de todo, a los trabajadores siempre les quedarán los Tribunales

   En nuestro blog de 5 de marzo de 2012, al referirnos a la reforma laboral del gobierno del Partido Popular, comentábamos que, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, se han producido cambios sustanciales en relación a los expedientes de regulación de empleo (ERE) y, especialmente, en cuanto a los despidos colectivos.

   La presente reforma laboral significa, entre otras cosas, por una parte, una menor exigencia respecto a la documentación a aportar por el empresario ante la autoridad laboral en un expediente de regulación de empleo, ya que el artº. 51 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva redacción dada al mismo por el Real Decreto-Ley citado, establece que "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas", no exigiéndose, como ocurría en la normativa anterior, que la documentación financiera y contable de la empresa interesada esté auditada y, por otra parte, ahora tampoco se exige, como así ocurría, resolución estimatoria de la autoridad laboral para proceder el empresario al despido colectivo pretendido por el mismo.

   Los efectos de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy no han sido tan benéficos como se nos hizo creer a los ciudadanos, en el sentido de que con tales medidas se crearía empleo y disminuiría el número de desempleados. Y a los hechos nos remitimos. Según datos del propio Ministerio de Empleo, en los cinco primeros meses del año 2012 han aumentado ostensiblemente las rescisiones individuales de los contratos de trabajo y los despidos colectivos, habiéndose registrado un total de 163.185, casi un 50% más que en igual período de 2011.

   Se calcula, según nos dicen algunos medios de comunicación, que 282 empresas pararon los expedientes de regulación de empleo (ERE) para beneficiarse con el nuevo gobierno del Partido Popular y su reforma laboral anunciada por el mismo. El número de expedientes de regulación de empleo, en los dos primeros meses de 2012, se duplicó respecto a igual período de 2011.

   Ante este estado de cosas, como también se ha dicho, a los trabajadores afectados por un ERE solo les queda la posibilidad de impugnar la decisión empresarial de despido a través de la vía jurisdiccional ante los Tribunales de Justicia, sin olvidar, como también sabemos, la "lentitud" en el funcionamiento de la justicia y las trabas económicas que, con la imposición de las nuevas tasas judiciales en el orden social (de 0 euros se pasaría a 500 euros, en los recuros de suplicación, y de 0 euros se pasaría a 750 euros, en los recursos de casación)  pretende establecer el actual Ministro de Justicia, señor Gallardón.

   Pues bien, a pesar de todo, incluso a pesar de las trabas que se quieren poner a los trabajadores para poder acudir a los Tribunales, ya hay alguna buena noticia que afecta a los mismos.

   Ya hay algunos Jueces y Tribunales que están impidiendo, a través de sus resoluciones judiciales, que "se eche a los trabajadores a la calle" sin una justificación veraz y objetiva.

   Entre otras, podemos citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de mayo de 2012, de la Sala de lo Social, que declara nula la decisión empresarial en un ERE por no justificar fehacientemente la empresa el despido colectivo llevado a cabo por la misma.

   Según ESTHER TEJEDOR y MANUEL V.GÓMEZ "de momento no hay muchas sentencias, ni se ha sentado jurisprudencia. Pero los jueces ya han dejado claro donde están los límites del nuevo despido".

   Como continúan diciendo los dos autores citados, "si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en uno de sus fallos recientes: "Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales".

   Por ello, concluimos con la frase del enunciado: "A los trabajadores, pese a todo, siempre les quedarán los Tribunales".