A través de los medios de comunicación y de las propias actuaciones del Gobierno, se nos quiere dar la impresión de que la grave crisis económica que padecemos se ha originado en nuestro país por el gasto excesivo de los servicios públicos (¿cuántas veces habrá que decir que el endeudamiento público de España es inferior al de países como Alemania o el Reino Unido?) en lugar de decirnos la verdad y explicarnos con nitidez que todo ha venido provocado por el afán especulativo y por la sed desaforada de beneficios de las entidades financieras y de los mercados y de sus gestores, con el único objeto de incrementar sus ganacias sin importarles en absoluto los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Por ello, el tan cacareado defícit público el Partido Popular se empeña en reducirlo, siguiendo los mandatos de la llamada "troika", recortando servicios públicos esenciales y cercenando derechos de las personas, como los funcionarios y los trabajadores, a base de reducción de salarios, eliminación de puestos de trabajo o de la reforma laboral, derechos que tantas luchas y sacrificios han sido necesarios históricamente para su consecución.
Y, dentro de esta política de "recortes" o de "ajustes", no podían estar ausentes los municipios y los Ayuntamientos. El Gobierno de España pretende, como hemos dicho al principio, con las reformas que proyecta, reducir de manera importante el número de concejales, eliminar y fusionar pequeños municipios y restar muchas competencias sobre todo a estos últimos, dejándolas al parecer en manos de las Diputaciones Provinciales.
Para llevar a cabo tales medidas nuestro gobierno, como muy bien nos recuerda nuestro amigo y Alcalde de Algimia de Alfara, Francisco Salt, se propone "desmantelar los servicios que reciben los ciudadanos por parte de los municipios, un retroceso democrático y un atentado a la autonomía local reconocida en la Constitución".
Con el objeto de justificar la merma de competencias de los pequeños municipios, el gobierno del Partido Popular quiere convencer a la ciudadanía dando una imagen del excesivo endeudamiento y del despilfarro de los Ayuntamientos. Pero, si nos atenemos a las cifras, no son realmente los pequeños municipios y sus Ayuntamientos los más endeudados. A guisa de ejemplo, conviene recordarle al Partido Popular que el señor Gallardón, anterior Alcalde de Madrid, del Partido Popular, como todos sabemos, ha dejado una deuda de 7.000 millones de euros, cantidad equivalente al 25% del total de la deuda de los municipios españoles (28.000 millones de euros). A esto podríamos añadir la deuda de otros grandes municipios (Valencia, Barcelona, etc.) y nos daríamos perfecta cuenta de que la deuda de los pequeños municipios españoles es irrisoria si la comparamos con la de los grandes, sin tener ninguna influencia de peso en la actual crisis ni en la deuda pública, por lo que resulta aún más extraño que el Gobierno de España se quiera ensañar con los pequeños municipios y Ayuntamientos.
Quien esto suscribe ha sido Alcalde durante varios años en un pequeño municipio, Algar de Palancia, de algo más de quinientos habitantes, y ahora es concejal de cultura de su Ayuntamiento. Y puede dar fe de que ni en éste ni en la mayoría de municipios similares, ni los Alcaldes ni los ediles perciben ni han percibido retribuciones, y, si lo hacen en algún caso, son retribuciones irrisorias, dedicando horas y horas de manera desinteresada en beneficio de sus pueblos y de sus vecinos.
También puede dar fe de que su municipio no está endeudado prácticamente y que apenas incurre en retraso en el pago de sus obligaciones. Si se da alguna demora ello es debido al retraso de otras Administraciones Públicas (Generalitat, Diputación, etc.) en hacer efectivas sus subvenciones.
Lo más grave, de aprobarse las medidas que proyecta el gobierno, en materia de Régimen Local, ello sería, como se ha dicho, un grave atentado a la democracia y autonomía municipal que se reconoce en nuestra Constitución y daría al traste con esa proximidad y cercanía existente, sobre todo en los pequeños municipios, entre los ciudadanos y sus gobernantes, además de impedir o dilatar toda una serie de problemas, muchas veces pequeños problemas cotidianos, que afectan a los primeros. Y todo ello no significa que seamos contrarios a una mayor racionalización del gasto público. Pero, tal vez, se podría empezar por reducir o eliminar gastos tales como el Senado (puesto que, al no ser una Cámara de representación territorial, ya nos dirán para qué sirve), los diputados provinciales, la gran cantidad de asesores, los gastos en eventos innecesarios, etc., etc., que, por cierto, nada tienen que ver con los pequeños municipios.
Piénsese, por ejemplo, aunque puede parecer un poco pueril, que si traspasan como pretende el gobierno muchas competencias municipales a las Diputaciones Provinciales, como es el caso de la educación o el alumbrado público, ¿cuánto tiempo se tardaría en arreglar unas goteras en las escuelas públicas o cambiar o reponer unas bombillas del alumbrado público?, ¿o piensan los vecinos de mi pequeño pueblo que se podrían celebrar unas semanas culturales como se viene haciendo y con un mínimo coste y que también contribuyen de alguna manera a la calidad de vida de los vecinos?, ¿o es que alguien puede pensar que se agilizarían los trámites administrativos ante cualquier solicitud o petición de los ciudadanos?
La mayoría de los Alcaldes y concejales de los pequeños municipios (nos consta que también lo están haciendo varios pertenecientes al Partido Popular) nos opondremos con todas las armas legales pero "con uñas y dientes" a las medidas proyectadas por el Gobierno de España. A éste le decimos que mire hacia otro lado. Bien está que se racionalice el gasto de los municipios. Pero que no se nos tome como un chivo expiatorio más de la situación que desgraciadamente estamos viviendo.
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