Desde la aprobación de la Constitución de 1978 por el pueblo español, han tenido lugar ya muchas elecciones políticas en nuestro país, de acuerdo con la normativa electoral vigente, para la elección tanto de los miembros del Congreso y del Senado como de los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos, pudiendo afirmarse, en consecuencia, que los elegidos para tales órganos representativos ostentan una legitimidad democrática que nadie les discute, como también la ostentan los gobiernos (estatal, autonómicos y Alcaldes), elegidos por tales representantes.
Otra cosa es que todo el mundo esté de acuerdo con la legislación electoral vigente en España, la cual da lugar a que algún partido político con un núnero de votos considerable tenga muy escasa representación. Es el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida que, con bastantes votos más que otros partidos, tiene en cambio muchos menos escaños en el Congreso de Diputados, todo ello como consecuencia de la Ley Electoral vigente. Y eso solo se puede corregir, en aras de una representación más justa y acorde con el deseo de los ciudadanos, cambiando o modificando dicho texto legal, algo que hasta ahora no han hecho, y por ello son responsables, los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
Con todo, nadie puede poner en duda actualmente, con la Ley Electoral que tenemos, la legitimidad de nuestros representantes políticos elegidos en todos los niveles.
No obstante, interesa hacer algunas matizaciones. Como todos sabemos y observamos, en cada campaña electoral, los diversos partidos políticos exponer su programa electoral en el cual, normalmente, se contienen las líneas básicas de su actuación en el caso de obtener la confianza de los ciudadanos. Lo que ocurre, desgraciadamente y con mucha frecuencia, es que los partidos políticos, una vez consiguen el poder, se olvidan muy pronto de su programa electoral y de las promesas hechas durante la campaña electoral, no cumpliendo los mismos y, lo que es peor, llevando a cabo actuaciones que en la campaña electoral aseguraron que jamás pondrían en práctica.
Posiblemente, a más de un partido político de los que gobierna o han gobernado en España, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico o municipal, se le puede acusar, y con fundamento, de no haber cumplido su programa electoral y de haber engañado a sus electores, pero uno se atreve a afirmar que el actual Gobierno de España, del Partido Popular, en el corto perído de tiempo que lleva en el poder, se lleva la palma. El Partido Popular ha incumplido su programa electoral y sus promesas electorales en grado superlativo e incluso ha incumplido compromisos expresados una vez ya en el poder. Y esto lo hemos dicho y lo seguiríamos diciendo de cualquier otro partido, de derechas o de izquierdas, que adoptara un comportamiento similar.
Todos recordamos perfectamente las manifestaciones de varios dirigentes del Partido Popular en el sentido de que se iban a crear tres millones y medio de puestos de trabajo, que no se abarataría el despido de los trabajadores, que no se subirían impuestos y que no se bajarían las pensiones, que no habrían recortes en eduación y en sanidad, que no se establecería el "copago" o el "repago" en este último campo, que no se aprobaría una amnistía fiscal como pretendia el Partido Socialista, etc. Todo ello, repito, no es que no se contenía en el programa electoral del Partido Popular sino que éste prometió que jamás se llevarían a cabo tales medidas, Por ello, el engaño es aún mayor. Y ya resulta cansino echar la culpa de todo ello a la herencia recibida o a la ignorancia o imprevisión, esto último imperdonable para un jefe de la oposición que aspiraba a ser Presidente del Gobierno. Esto que se dice no tendría ningún objeto si el Partido Popular (y lo mismo diríamos de cualquier otro partido) en su campaña electoral, y más allá de la misma, hubiese hablado con más claridad y hubiese explicado y justificado las medidas que luego ha tomado (no queremos entrar en la idoneidad o no de esas medidas, "doctores tiene la iglesia", es decir, los expertos en la materia opinan y opinarán sobre las mismas; lo que tratamos aquí es del comportamiento de los partidos políticos y, en este caso, por ser el que nos gobierna, del Partido Popular).
Varios dirigentes del Partido Popular, incluido algún Ministro o Ministra, intentan justificar la aprobación de las medidas citadas y otras similares, no solo en la necesidad de algo tan sobado como la reducción del defícit, algo en lo que no todos están de acuerdo, incluidos algunos premios Nobel en Economía, sino en algo que es inadmisible a todas luces: en el "mandato popular" de los españoles, los cuales les han otorgado la mayoría absoluta. Llegados a este punto no debemos confundir la legitimidad del Partido Popular para gobernar, cosa que no ofrece ninguna duda, con el mandato popular sin más, ya que de lo contrario se caería en el cinismo más absoluto. ¿Cómo se puede hacer tal afirmación? ¿De verdad creen los dirigentes del Partido Popular que hubieran logrado la mayoría, el mandato popular de los ciudadanos, si en la campaña electoral hubiesen hablado con claridad y transparencia sobre cuán iba a ser su actuación si obtenían el Gobierno? ¿De verdad el haber obtenido medio millón de votos más que en las anteriores elecciones generales, unos once millones poco más o menos, sobre un total de treinta y cino millones de electores y una población toal de más de cuarenta y siete millones de españoles, significa que pueden decir que ostenta realmente un mandato popular de la ciudadanía ?
Como dice J.M. PÉREZ TORNERO, "el programa electoral es el que fundamenta el compromiso entre los ciudadanos y los gobernantes". "¿Y qué sucede cundo un partido que alcanza el poder a partir de un programa electoral lo incumple o lo contradice?" , "A lo que está faltando es, precisamente, a la confianza que los ciudadanos pusieron en ese gobierno". "Y lo que aumenta entonces es un defícit que debiera preocupar más que el económico: el defícit democrático. Un tipo de defícit de consecuencias incalculables porque está relacionado con el mecanismo del consenso político y de la aceptación del poder por parte de los ciudadanos. A la postre, lo que está en juego es la obediencia o desobediencia civl". Y esto último sí que es muy preocupante.
En varias encuestas, los ciudadanos españoles han manifestado la pésima opinión que les merece la clase política, tal vez influenciados tambíén por los múltiples casos de corrupción de políticos habidos durante los últimos años. Todo ello, pues, unido al reiterado incumplimiento de los programas y promesas electorales por parte de los partidos políticos, que cada vez más solo se acuerdan de los ciudadanos cada cuatro años sin procurar tampoco mayor participación de los mismos en las decisiones ques se toman, hace que se pierda más la confianza en los políticos y lo que es mucho peor en el propio sistema político. Por ello, guste o no guste, movimientos como el 15-M no carecen de motivación.
Siguiendo a EDUARDO SOTILLOS, se puede afirmar que el ciudadano no puede admitir, porque ello no se contenía en ningún programa electoral, despertarse cada mañana con el sobresalto de alguna amenaza sobre el futuro de su pensión, la reducción de becas, el aumento del 25% o más de las tasas universitarias, el "copago" o "repago" sanitario, otra congelación o reducción de sueldo de los funcionarios, etc. etc..
Así, ante la falta de coherencia y de transparencia, y ante el engaño contínuo, no se puede recobrar la confianza de los ciudadanos ni en los partidos, ni en los políticos ni, lo que es más grave, en el sistema democrático que tenemos. Y esto último sí que supone un grave riesgo de inciertas consecuencias.
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